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OPINIÓN

Ayuntamientos transparentes

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Diversos escándalos financieros y corporativos ocurridos desde principios del presente siglo (Enron, Parmalat, WorldCom…) desencadenaron una concienciación global en relación con la importancia de la transparencia en la gestión empresarial. Incontables recomendaciones, directivas y regulaciones se han ido sucediendo, convirtiendo el buen gobierno corporativo en un must incuestionable tanto para las propias empresas como para inversores, organismos reguladores de los mercados y la sociedad.

Además, el tsunami, como era de esperar, no se detuvo en el perímetro de lo privado sino que ha ido llegado a la esfera pública como una corriente de pensamiento ético y todos los organismos supranacionales, empezando por Naciones Unidas, animan y promueven entornos de gestión pública más transparentes como condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos y para avanzar hacia la prosperidad económica y la cohesión social.

En España no hemos sido ajenos a este movimiento, y las iniciativas que se vienen sucediendo -la última, el Anteproyecto de Ley de Transparencia-, contribuyen a afianzar en la Sociedad la idea del derecho universal de los ciudadanos a poder acceder a la información elaborada por los poderes Públicos en el ejercicio de sus funciones.

La Ley de Transparencia permitirá acabar con los incumplimientos de regidores opacos

En este contexto, el Tribunal de Cuentas se planteó, hace más de cinco años, tener un papel protagonista en el impulso efectivo de la democratización de la relación entre ciudadanos y administraciones locales. El ambicioso reto consistía en pasar del Siglo XIX al XXI, incorporando las TIC en la rendición de las cuentas.

La planificación estratégica inspirada en el principio de excelencia se ha coordinado con el Gobierno y con los Órganos de Control Externo de las Comunidades autónomas -tribunales de cuentas autonómicos-, estableciendo los pilares de la transparencia.

Fruto de estas actuaciones, en el Portal rendiciondecuentas las entidades locales disponen de una ventanilla única para cumplir con sus obligaciones tanto ante el Tribunal de Cuentas como ante el correspondiente órgano autonómico, y los ciudadanos vemos satisfecho el derecho a conocer, íntimamente vinculado al derecho a participar en los asuntos públicos, y podemos acceder libremente, sin cortapisa, a las cuentas de las entidades locales.

No obstante, en 2010 cerca del 30% de estas entidades no han informado sobre cómo han gestionado los recursos encomendados, unas por falta de medios y otras por falta de voluntad, sin que, desafortunadamente, se deriven consecuencias graves debido a la falta de un marco legal adecuado. La Ley de Transparencia, cuyo anteproyecto se acaba de presentar, permitirá acabar, por fin, con los incumplimientos voluntarios por parte de regidores opacos, mientras que para aquellos otros que por falta de medios no puedan rendir adecuadamente, deberá la Administración instrumentar las medidas oportunas para facilitárselo.

Quienes hemos llevado adelante este proyecto estamos en el convencimiento de que la transparencia refuerza la democracia, genera una mayor confianza, ayuda a evitar malas prácticas y a luchar contra la corrupción. Por ello estamos seguros de que sus principios inspiradores se extenderán próximamente a todos los ámbitos de la gestión pública fortaleciendo el Portal de la Transparencia.

Ana Puy Fernández. Directora del Proyecto de rendición telemática de las cuentas de las entidades locales.