El Ministerio de Sanidad pierde 288,9 millones de euros de poder económico

La partida que los Presupuestos Generales del Estado destinan al Ministerio de Sanidad en 2012 es de 3.974,62 millones de euros, 288,96 millones de euros menos que en 2011. Esa reducción del 6,8% resta poder político a un departamento ya de por sí con poca capacidad ejecutiva. Y es que entre las pérdidas están las partidas que Sanidad transfería a las comunidades autónomas para planes específicos, que ahora han pasado al Ministerio de Hacienda y que han perdido su carácter finalista. Los únicos que existían en Sanidad.

Protocolos destinados sobre todo a la prevención y la atención han desaparecido de unos presupuestos que la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, ha calificado de "austeros y comprometidos" en una reunión en la que ha tratado de explicar las cuentas de su departamento. Entre ellos el de salud bucodental infantil --creado por el Gobierno socialista en 2007 para poner en marcha o impulsar programas destinados a garantizar la atención bucodental a menores de siete a 15 años--, que ascendía a 17 millones de euros a repartir entre las comunidades.

Farjas ha asegurado que parte de esos fondos destinados a la salud bucodental no se ejecutaron el año pasado, y ha explicado que esa partida específica se integra en la partida general que el Gobierno destinará a las autonomías, conforme a los acuerdos de financiación que hayan alcanzado con el Ministerio de Hacienda.

Algo similar ocurre con el Plan Nacional sobre el Sida, financiado el año pasado con unos seis millones de euros (entre subvenciones, transferencias a las comunidades autónomas y la propia actividad el plan) dirigidos a la prevención y a la atención de enfermos, que se diluye como entidad. El programa, que tenía dos patas, una destinada a las ONG y otra que gestionaban las comunidades, ha perdido esta última parte. Queda, por tanto, una partida de tres millones de euros para “actividades de lucha contra el sida”.

Paco Rodríguez, gerente de la coordinadora estatal de las ONG que trabajan en el ámbito del VIH (Cesida), explica que el dinero transferido a las comunidades dentro del plan sobre el sida se destinaba, hasta estos nuevos presupuestos, a la financiación de organizaciones sin ánimo de lucro locales o autonómicas. Entidades especializadas en atención y prevención del sida que prestaban atención a cosas a las que el sistema público no llegaba, como planes de apoyo psicológico, por ejemplo. “Es un golpe durísimo a la atención y prevención del VIH y el sida. Muchas de las personas que acuden a esas ONG locales no tendrán a dónde acudir”, afirma Rodríguez. “Organizaciones que si no se han definido en sus estatutos como de ámbito estatal ya no podrán acceder a las ayudas que permanecen en los presupuestos”, explica.

Esta iniciativa del Gobierno, además, puede abrir el camino a que las ayudas dirigidas a la lucha contra el sida se abran a concurso público, como ya ha hecho Madrid y se ha debatido en Cataluña o Valencia. Lo que implica que se puede presentar a concurso cualquier empresa de servicios, aunque no tenga que ver con salud o prevención.

Lejos de los presupuestos finalistas

Con estas medidas, la financiación de la sanidad pública se aleja aún más del carácter finalista reclamado durante años por los expertos. Las pocas partidas que se otorgaban a las comunidades autónomas (unos 44 millones) con indicación de que debían gastarse en estrategias y proyectos específicos desaparecen. Ni siquiera está claro qué cantidad recibirán ahora las regiones a cuenta de esas transferencias que se extraen de Sanidad. Serán “muchos millones”, según la secretaria general, que no supo cuantificar la cifra.

Así, como ocurre con el resto del presupuesto destinado a Sanidad serán las autonomías quien decidan a qué destinar el dinero recibido. Lo que en una situación como la actual, en la que las autonomías están asfixiadas por la deuda –gran parte de la cual procede de la sanidad por el pago a proveedores farmacéuticos y tecnológicos-- podría hacer hacer peligrar las estrategias de salud y los planes de salud pública –una partida que de hecho ha perdido un 45%, pasando de 70 millones a 38,4-- que se proyectaban desde el Ministerio, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp).

“Cuanto menos dinero con carácter finalista es más probable que las comunidades lo acaben destinando a cualquier otra cosa”, asegura Marciano Sanchez Bayle, portavoz de la Fadsp . “El Gobierno ha hecho una contracción de lo que ya se había recortado, porque las comunidades ya habían reducido sus presupuestos para sanidad y volverán a recortar sobre ese ajuste”, dice. Las comunidades autónomas han dado un hachazo de unos 5.000 millones de euros en sus presupuestos destinados a Sanidad. En dos años, las partidas destinadas a sostener hospitales y ambulatorios se han reducido en un 8,7%. La mayor bajada en décadas.

Asistencia a turistas nacionales

A pesar del tijeretazo, la secretaria general de Sanidad ha asegurado que “se han blindado las políticas de asistencia sanitaria”. De hecho, ha afirmado, hay algunas partidas que se incrementan. El ministerio que dirige Ana Mato ha aumentado de 87 a 93,3 millones de euros los fondos destinados al fondo de cohesión sanitaria, con el que se compensa la atención de extranjeros, la asistencia a pacientes que reciben atención fuera de su comunidad en centros de referencia y que trata de dar garantía de una continuidad asistencia. Es en esta última parte donde se ubicará el fondo de garantía sanitaria anunciado la semana pasada por Mato para compensar a las comunidades por la asistencia de pacientes limítrofes y turistas nacionales. Un coste que hasta ahora estaba asumiendo la comunidad que recibía a los enfermos.

Con la creación de ese nuevo fondo, el aumento de 6,3 millones en el capítulo total de Cohesión queda raquítico. Por poner un ejemplo una comunidad autónoma como la Valenciana gasta en atender a turistas nacionales unos 160 millones de euros al año. Cataluña unos 100. Será, sin embargo el Consejo Interterritorial de Salud –que reúne a consejeros de sanidad y el ministerio— y los comités técnicos quienes decidan cómo se repartirá y cómo se gestionará el dinero y el nuevo Fondo de Garantía Asistencia.