Formación e intermediación laboral

La nueva reforma laboral pretende tener en la formación uno de sus pilares. Habla de un nuevo derecho individual a la formación, impulsa con bonificaciones el contrato de formación y aprendizaje y crea nuevas facilidades para que los ocupados se formen. Sin embargo, se trata de un planteamiento con serias limitaciones: el nuevo derecho es algo fiado a normas por escribir, casi todo el énfasis recae en la formación de ocupados cuando el desafío mayor es la formación de parados y, sobre todo, no se integra la formación dentro de la intermediación laboral.

La formación tiene un marco que funciona bien: los servicios públicos de empleo realizan de forma regular convocatorias, adjudican programas de formación y hacen el control de legalidad

La formación tiene un marco que funciona bien dentro de la estructura institucional existente. Los servicios públicos de empleo realizan de forma regular convocatorias de programas de formación, los adjudican y hacen el control de legalidad. En este marco, el éxito significa tener un menú más amplio de cursos, con lo que la unidad de gestión es el programa, cuando debería ser el parado. Hacer del parado la unidad de gestión solo puede conseguirse con una formación imbricada en la gestión individualizada de la intermediación laboral pública. Debe ser el orientador quien analice el abanico de cursos existente y le dé opciones coherentes al parado, un itinerario lógico en busca de la reinserción laboral. Para ello, los orientadores deben ser íntimos conocedores de las economías locales y deben mantener un contacto directo con los empresarios locales para ofrecerles un servicio de intermediación de calidad. Y los cursos deben renovarse en función no solo del control de legalidad, sino también del resultado de verdaderas evaluaciones (con grupo de control), las cuales siguen siendo verdaderas rarezas en España.

Bien está que haya nuevas entidades que puedan sumarse al sistema de formación trayendo concepciones diferentes. No es malo que la formación se convierta en un derecho individual. Pero poco cabe esperar de las novedades de la reforma si el modo de organizar la formación no cambia en el sentido descrito, profundizando en tendencias de cambio ya existentes en los servicios públicos de empleo autonómicos y que pueden peligrar en medio de los fuertes ajustes presupuestarios de las comunidades autónomas. La evidencia muestra que las bonificaciones generalizadas a la contratación (como las de la presente reforma) son en gran medida peso muerto. Esos recursos (y aún más en tiempos de ajuste presupuestario) estarían mucho mejor empleados en la transformación de la formación como parte de una intermediación laboral individualizada.

Miguel Ángel Malo es profesor de Economía de la Universidad de Salamanca