El Gobierno rebaja un tercio los sueldos de los gestores de empresas públicas

El Gobierno ha aprobado hoy un decreto ley para imponer topes a las remuneraciones de los directivos de las más de 4.000 empresas públicas que existen actualmente en España. Según los cálculos que ha trasladado el Ejecutivo, la medida, que se enmarca dentro de las políticas de austeridad para reducir el déficit y que se completa con la reducción del número de estas sociedades, supondrá una rebaja de entre el 25% y el 35% en los sueldos de estos ejecutivos.

A partir de la entrada en vigor de la normativa, las directivos de las grandes empresas públicas no podrán cobrar más de 105.000 euros de salario fijo. En las medianas, se establece un tope máximo de 80.000 euros al año y, en las de menor dimensión, 55.000 euros. En cuanto a los variables, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que su percepción estará "absolutamente ligada al cumplimiento de objetivos" preestablecidos. Según ha añadido, el Ministerio de Hacienda fijará el porcentaje se salario que puede ser recibido por esta vía y, en caso de no alcanzar las previsiones, no se cobrarán.

Además de fijar topes en función del tamaño de las emrpesas públicas, los salarios en cada una de estas sociedades se determinarán en función del volumen de actividad, el sector o el número de trabajadores que estén bajo su responsabilidad. También se pone límites a la práctica de cobrar parte de los salarios en especie como con la vivienda o la manutención.

Los límites a los salarios van de los 105.000 euros de las grandes empresas a los 55.000 euros al año

Santamaría ha admitido que la medida establece unos sueldos máximos que "son sensiblemente inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas similares". "Pero son salarios razonables", ha añadido antes de justificar que corren "tiempos de austeridad" en el que todos los empleados públicos han hecho un esfuerzo en este sentido al ver congeladas sus remuneraciones. Este esfuerzo, ha defendido, "tiene que ser compartido por todos".

Preguntada sobre si esta decisión puede suponer una fuga de talento desde el sector público al privado, la vicepresidenta ha señalado a que se pueden establecer primas con la parte variable del salario con vistas a "atraer a los mejores".

Junto a ello, según ha anunciado Santamaría, también se imponen máximos al número de consejeros de las sociedades en línea con el sector privado. Así, siguiendo la misma categoría triple que para los sueldos, las sociedades grandes no podrán tener más de 15 representantes en sus máximos órganos de gobierno. Las medianas, 12, mientras las más pequeñas verán reducido su número de consejeros hasta un tope de nueve.

El componente variable estará ligado a cumplir con unos objetivos preestablecidos

Según los cálculos del Ejecutivo, la medida supondrá la reducción del número total de consejeros se verá reducido en un centenar. Con ello, ha destacado Santamaría, esperan obtener un ahorro de un millón de euros solo en dietas.

El Gobierno, tal y como ya se propuso el anterior Ejecutivo, quiere reducir el número de empresas públicas con el objetivo de pasar de las más de 4.000 actuales a unas 3.500. Desde que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2010 un plan con las comunidades autónomas, solo se han eliminado 69 de las 514 comprometidas. Por este motivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de enero a los Gobiernos autonómicos que se apliquen para cumplir con lo pactado.

Para alcanzar las metas fijadas, las distintas Administraciones Públicas cuentan desde el pasado viernes con la opción de aprobar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y despedir con una indemnización de 20 días por año trabajado sin que la autoridad laboral les de el visto bueno. Las empresas públicas dan trabajo a unas 150.000 personas. Las que dependen de la Administración Central acumulan una deuda de 32.900 millones, las de las comunidades registran un pasivo de 24.900 y, las de los ayunstamientos, unos 9.000 millones. Bruselas no la computa como déficit, aunque puede obligar a hacerlo en función de cómo se financie.

Sobre la marcha del proceso de reducción del tejido empresarial ligado al sector público, Santamaría ha afirmado que sigue su curso y se está analizando cuáles son necesarias, cuáles pueden volver al ámbito de los Ministerios, las que, por el contrario, funcionarían en el privado y, por último, las que pueden acabar desapareciendo.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló ayer en una entrevista a RNE que "este tipo de empresas y fundaciones, que al final tienen como objetivo evitar los controles de la Administración Central, han florecido, por decirlo de una manera suave, y no es una buena práctica".