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Blanco: "Ahora toca hacer justicia"

AENA expedienta a 442 controladores.- Las negociaciones, rotas.- "En estado de alarma no se negocia", sentencia el ministro de Fomento

AENA ha abierto expedientes sancionadores contra 442 controladores aéreos. Y eso solo de momento. El caos generado por la huelga encubierta de controladores aéreos se saldará con las diligencias abiertas por la Fiscalía, las denuncias de consumidores y, según ha explicado el ministro de Fomento, José Blanco, con las sanciones por parte de la empresa, que pueden suponer suspensiones de empleo y sueldo e incluso expulsión del empleo.

Tras el decreto de estado de alarma ayer al mediodía, todos los relevos en los turnos de trabajo de las torres y centros de control se han sucedido con normalidad. El 96% de los profesionales convocado se incorporó anoche a su puesto y esta mañana lo ha hecho el 97%. Solo se produjeron ausencias justificadas. Ello ha permitido 1.558 operaciones (aterrizajes y despegues) desde los aeropuertos españoles desde ayer por la tarde, que han permitido transportar a 162.000 personas.

Pero este no será el final de la historia. "Ahora toca hacer justicia", ha recalcado Blanco, quien ha descartado cualquier negociación laboral con el sindicato de controladores aéreos mientras dure el estado de alarma, es decir, mientras el gremio sea a todos los efectos personal militar sometido al Código Penal Castrense. "El comportamiento altamente irresponsable de los controladores no puede quedar impune", insistió.

Además, USCA, el sindicato mayoritario, afronta el reto de demostrar su legitimidad y su autoridad sobre los profesionales a los que representan después de la rebelión. Para Blanco, los representantes de USCA son en buena parte responsables del desaguisado.

Los aeropuertos operan a pleno rendimiento y las compañías aéreas van recolocando a los pasajeros que perdieron su vuelo en otros aviones y el Gobierno reitera que no se producirá ningún problema más. El estado de alarma ha sido decretado con una duración de 15 días, que es el máximo que permite la ley. Para prorrogarlo y asegurar que afecta a todas las Navidades, el Congreso de los Diputados debería autorizarlo.