Afectados de Martinsa-Fadesa sin aval piden la intervención del Gobierno

La firma del convenio que permitirá a Martinsa-Fadesa salir adelante con el visto bueno de los bancos acreedores está condicionada a que se autorice una excepcionalidad en la Ley que regula los procedimientos concursales (antiguas suspensiones de pagos). Según la norma legal, el plazo de pago para afrontar las deudas es de cinco años y la quita no puede superar el 50%.

Para la empresa que preside Fernando Martín se propone un plazo de espera de ocho años sin quita. Tal excepción tiene que ser autorizada por los administradores y el juez de lo mercantil pero sólo cuando se trata de empresas con especial trascendencia para la economía y siempre que haya un informe de la administración económica competente reconociéndolo así. La solicitud de informe la realiza la propia empresa concursaday ya ha recalado en el Ministerio de Economía (aunque inicialmente Martinsa-Fadesa dirigió la petición al de Vivienda).

A la vista de tal excepción, las asociaciones de compradores afectados preparan un comunicado dirigido a este Departamento ministerial y a cuantas instituciones han apostado públicamente por la viabilidad de Martinsa-Fadesa, caso de la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Piden que condicionen la excepción a que se den garantías a los compradores que carecen del aval por las cantidades que entregaron a cuenta y a aquellos a los que ha caducado su aval, según indica Mariano Sanz presidente de la Asociación de Afectados de Parque Colmenar, en Colmenar Viejo (Madrid). Se estima que hay unos 2.000 compradores sin aval y va en aumento el número de aquellos a los que les ha caducado.