El Gobierno aprueba con condiciones la OPA de Gas Natural "por el interés de los ciudadanos"

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la OPA de Gas Natural con 20 condiciones, "por el interés de los ciudadanos". La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido la encargada de anunciarlo. De la Vega ha resaltado que la nueva empresa reforzará el papel económico de España y mejorará la independencia energética de la economía española. La compañía resultante estará "entre las mayores de Europa".

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha asegurado que la aprobación con condiciones responde al objetivo de garantizar el equilibrio entre el interés de los ciudadanos y la competencia de las empresas. "Se puede garantizar que la OPA va a dar lugar a mayor competencia porque con las desinversiones exigidas se podrá dar entrada a un nuevo operador eléctrico", ha dicho.

Las condiciones impuestas se basan en los dictámenes del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que dijo "no a la operación"; y de la Comisión Nacional de la Energía, que dijo "sí, con condiciones". Su objetivo es que la fusión no afecte a la competencia en el mercado de la energía. Son restricciones duras, pero relativamente asumibles por la gasista.

Aunque ayer por la noche faltaban varios puntos por concretar, la prensa ya adelantaba esta mañana las líneas generales de la aprobación, que no incluye el veto al pacto de la gasista con Iberdrola para venderle activos de la empresa resultante.

Precisamente, este acuerdo fue uno de los puntos que no aprobó la Comisión Nacional de la Energía, que recomendó que sea una empresa con menos presencia la que se haga con los 3.100 megavatios de electricidad y 1,2 millones de clientes de gas, valorados entre 7.000 y 9.000 euros, con el objetivo de aumentar la competencia. Pero el Gobierno ha decidido aprobar este punto y poner otras condiciones a la operación, más asumibles por la opante que este asunto.

De esas condiciones, ha trascendido que la empresa fusionada tendrá que vender centrales eléctricas con una potencia de 4.300 megavatios y comprometerse con las inversiones previstas por la opante y la opada. Además, Gas Natural tendrá que deshacerse de más de un millón de clientes, para pasar de copar el 80% del mercado al 60%. En principio, el proyecto había cifrado el número de clientes de la nueva empresa en 16 millones.

Las redes de distribución

Las redes de distribución han sido una de las cuestiones que ha generado más polémica. Es una actividad que tiene la consideración de monopolio natural y todos los informes alertaban del peligro que para la competencia puede generar el solapamiento de las redes de luz y gas en Cataluña, Andalucía y Aragón. El Gobierno no establece ninguna obligación en desinversión de redes.

Eso sí, la gasista tendrá que dejar el consejo de administración de Enagás, gestor del sistema, reducir su participación en el gestor al 1%; y vender sus acciones de la regasificadora de Sagunto (20%) y del Ferrol (21%).

Todas estas condiciones significan dinero. Supondrán un encarecimiento de la operación para la gasista. Además, hay que tener en cuenta la subida de la acción de Endesa, que ayer cerró por encima de los 24 euros. Esta circunstancia probablemente obligue a Gas Natural a mejorar su oferta inicial de 21,3 euros. Más dinero.

Ahora Gas Natural y sus accionistas tienen la pelota. Deben deben decidir si la oferta, así planteada, les resulta rentable. Después, la CNMV tendrá que autorizar el folleto de la oferta.

Esta mañana, los inversores esperaban con optimismo la aprobación. Las acciones de ambas compañías subían en Bolsa al inicio de la sesión. Endesa crecía en torno al 1% y Gas Natural, al 2%.

Izquierda Unida y el PP ven la OPA con malos ojos

El PP ha sido desfavorable a la operación desde el principio. Hoy, ha decidido enviar dos preguntas al PSOE que deberán ser respondidas en el Parlamento. Quiere saber en qué medida el Gobierno ha tenido en cuenta el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, negativo a la operación, y si el Ejecutivo piensa que dicha operación beneficia a los consumidores.

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, por su parte, ha reclamado hoy al Gobierno que impida la existencia "de oligopolios de oferta" en el sector energético y que vele por los intereses de los trabajadores y por los de los consumidores, que se verían afectados por una "excesiva concentración".