El Gobierno endurecerá las condiciones de la OPA de Gas Natural sobre Endesa

El Consejo de Ministros, a propuesta de Economía, tiene previsto aprobar hoy la oferta de adquisición (OPA) lanzada por Gas Natural sobre Endesa. Lo hará con condiciones que recogen argumentos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y del voto particular emitido en el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), que recomendó rechazar la OPA. Aunque los pormenores estaban aún por cerrar ayer, sí estaba decidido que la nueva empresa venda más centrales de las previstas y que algunas de ellas estén ubicadas en Andalucía y Cataluña.

Con la OPA convertida en asunto de intenso debate político, el Gobierno, según las fuentes consultadas, ha tenido que hacer encaje de bolillos para autorizar la operación y tratar de alcanzar, al menos, tres objetivos: solventar problemas de competencia; intentar reforzar el sector eléctrico y asumir, al menos en parte, el acuerdo firmado en su día por Gas Natural e Iberdrola.

Por dicho acuerdo, la segunda eléctrica del país se comprometía a, una vez culminada la OPA, adquirir a la gasista activos eléctricos (3.100 megavatios) y de gas (1,2 millones de clientes) valorados en entre 7.000 y 9.000 millones de euros. Para autorizar la operación, en contra del dictamen (no vinculante) del Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno ha decidido hacer una síntesis de las condiciones propuestas por la Comisión Nacional de la Energía y del voto particular elaborado por la minoría del Tribunal de la Competencia.

Condiciones

De esas condiciones, trabajadas por el secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, y por el secretario de Estado de Economía, David Vegara, y a expensas de posibles cambios de última hora, ha trascendido que la empresa resultante tras la OPA tendrá que vender centrales eléctricas con una potencia de 4.300 megavatios. La cifra, que supera en 1.200 megavatios la propuesta de Gas Natural, incluye instalaciones en Cataluña y en Andalucía (400 megavatios en cada caso), donde Endesa controla el mercado.

Las condiciones, en principio, no impedirían que Iberdrola adquiriera activos de la nueva empresa frente al criterio de la CNE, que en sus condiciones prohibía las compras de Iberdrola.

Gas Natural y Endesa tendrán que mantener sus compromisos de inversión, que en conjunto suponen casi 8.000 megavatios de nueva potencia y la primera tendrá que deshacerse de más de un millón de clientes consumidores de gas, con lo que su posición de dominio sobre el mercado regulado se reduciría de más del 80% al 60%. La CNE recomendó, además, que durante dos años se limitara la cuota de comercialización de la nueva empresa al 50% donde se solaparan las redes de gas y de electricidad.

Las condiciones contempladas por el Gobierno recogen también las desinversiones de la nueva Gas Natural-Endesa en las regasificadoras de Sagunto (SAGGAS, 20% de Endesa) y Ferrol (Reganosa, 21% de Endesa). Asimismo, fija la obligación de vender parte del gas que controlaría la nueva empresa, en una cifra que oscilaría anualmente entre los cuatro bcm (miles de millones de metros cúbicos), según propone la CNE y los más de seis recomendados en el voto particular del Tribunal de la Competencia. Según éste, Gas Natural debería deshacerse, también, de la participación del 12% que Endesa mantiene en el proyecto de nuevo gasoducto con Argelia, Medgaz.

Reordenación

El núcleo de las condiciones barajadas por el Gobierno, que en la práctica supondrán una reordenación del sector y que fuentes cercanas a la operación calificacon de "asumibles" por Gas Natural, gira sobre varias ideas: que la cuota de producción eléctrica de ninguna de las empresas supere la de Endesa en estos momentos; que no disminuya el número de empresas del sector energético; que se mantengan las inversiones previstas para asegurar el suministro y que ninguna empresa consolide una posición de dominio en la comercialización de electricidad y de gas.

La aprobación de la OPA por el Gobierno supone la entrada en la recta final de la carrera iniciada el 5 de septiembre. Tras la aprobación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tendrá que autorizar el folleto de la oferta, fijada, hasta la fecha, en 21,3 euros por acción, más de 22.000 millones de euros.