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La Generalitat no pagará este año el dinero de la Ley de Barrios

Vivienda pide a los Ayuntamientos que no certifiquen más obras para poder liquidar todo lo que les debe

"Esto tiene aires de vendetta", proclamó el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, cuando el Ejecutivo central anunció que prorrogaba el pago de los 759 millones de euros correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatuto. El Gobierno catalán, muy combativo para reclamar a tiempo el dinero que se le debe, no se aplica el cuento para pagar con premura sus propias deudas. Los Ayuntamientos lo saben bien y ayer recibieron otra mala noticia para sus maltrechas cuentas: este año, la Generalitat no pondrá ni un euro por las actuaciones que se realicen de la Ley de Barrios y no pagará las nuevas certificaciones de obra que presenten los municipios. Ni en 2011 ni en 2012 ha habido nuevas ayudas para los barrios, pero quedan por pagar las convocatorias cuyo plazo no ha expirado, las de 2008 y 2009. Si no mejora la situación económica, tampoco en 2013 se aplicará la ley.

CiU y el PP unen hoy sus votos para que los presupuestos sigan su trámite

La Generalitat paga su parte de la Ley de Barrios cuando las obras están acabadas y el Ayuntamiento presenta la certificación correspondiente. La cantidad que se debe ahora a los municipios es tan elevada que la Secretaría de Vivienda y Mejora Urbana se vio obligada a enviar una carta a los municipios para reclamar que dejen de enviar certificaciones. Es decir, que o paralicen las obras o esperen a cobrarlas. Los municipios tendrán la oportunidad de quejarse hoy ante el propio presidente, Artur Mas. El Consejo de Gobiernos Locales, formado por las dos principales entidades municipalistas, se reune hoy a mediodía con Mas. La Generalitat y los municipios están calculando el importe total de la deuda. El Departamento de Territorio y Sostenibilidad, del que depende Vivienda, sostuvo en un comunicado que la decisión es solo una prórroga para poder pagar la deuda acumulada desde 2009 y recibir nuevas certificaciones en 2013. El actual Gobierno culpa al tripartito por presupuestar cantidades muy inferiores a las que se tenían que pagar a los municipios.

"El Gobierno tiene unas obligaciones con los municipios y las debe cumplir. Posponer dos años seguidos la Ley de Barrios indica que hay voluntad de rebajarla", protestó el líder parlamentario socialista, Joaquim Nadal. El PSC mostró su distanciamiento de CiU después de semanas buscando un pacto con los nacionalistas para los presupuestos. Nadal dio por hecho el acuerdo entre CiU y el PP. Ambos partidos, pese a que unirán hoy sus votos para permitir que las cuentas se tramiten, niegan reiteradamente que lo haya. Los nacionalistas, de hecho, siguen ofreciendo un pacto al PSC y ERC. "Que sigan emplazando", ironizó Nadal. Esquerra también hizo patente su distancia y aseguró que solo se abrirá a negociar con el Gobierno si hay un replanteamiento global de sus presupuestos.

CiU tiene diseñada una estrategia para disimular su voluntad de pactar con el PP. En los anteriores presupuestos dejó claro que solo el Grupo Popular había aceptado negociar, pero el argumento ha envejecido tras el esfuerzo del PSC y ERC para buscar un pacto este año. La nueva vía pasa por acusar a las dos fuerzas de no presentar una "alternativa clara" al Gobierno, tal como expresaron ayer tanto Homs como el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull. Socialistas y republicanos desmienten el argumento ya que en los últimos días han presentado propuestas alternativas para equilibrar los presupuestos de la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 18 de enero de 2012