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Los funcionarios de prisiones se encierran contra los recortes

Jesús García Bueno

Los funcionarios de prisiones supieron ayer, oficialmente, que el Gobierno catalán no piensa abrir este año las prisiones de Figueres (Alt Empordà) y Tarragona. Esto significa, según los sindicatos, más masificación y peores condiciones de trabajo. Fue la gota, dicen, que colmó un vaso lleno ya por los recortes de la Generalitat, que afectarán especialmente a este colectivo. Ante el panorama, una quincena de delegados de cinco sindicatos decidieron plantarse y se encerraron ayer en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, en el centro de Barcelona.

"No vamos a movernos de aquí hasta que nos presenten un proyecto con cara y ojos", explicó ayer Xavier Martínez, responsable de Prisiones de la UGT, el sindicato mayoritario en las cárceles catalanas. "La Administración pretende eliminar derechos que tenemos desde 1989 y recortarnos las retribuciones de tal modo que nos convertiremos en mileuristas", denunció Martínez a media tarde en conversación telefónica desde la sala de juntas, en la décima planta del edificio. Anoche, los delegados tenían previsto dormir allí.

Por la tarde, un centenar de funcionarios de prisiones se sumaron a la protesta con una concentración en la vía pública que logró paralizar el tráfico en la calle de Aragó durante 10 minutos. El director general de Servicios Penitenciarios, Ramon Parés, se mostró convencido de que se podrán retomar las negociaciones.

El aumento de la tensión entre los funcionarios de prisiones y el Departamento de Justicia sigue su curso. El pasado mes de diciembre, los trabajadores bloquearon el funcionamiento de tres cárceles catalanas. Una de esas acciones, en la cárcel Modelo de Barcelona, obligó a suspender juicios y visitas programadas para los presos, que tuvieron que permanecer 17 horas encerrados en sus celdas.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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