Convivencia y exclusión
En las relaciones de convivencia, los hechos casuales suelen tener causas que, lejos de responder al azar, pueden ser identificadas mediante el análisis social. No se trata tanto de predecir hechos o vaticinar sus efectos como de explicar las condiciones que favorecen el desarrollo de dinámicas sociales. Lo sucedido en el barrio del Besòs, más allá de su singularidad, debe ser emplazado en las complejas relaciones que se establecen entre colectivos minoritarios en contextos sociales marcados por la desigualdad. Es tiempo de iniciar el análisis de lo ocurrido y extraer lecciones futuras.
Ya no hablamos de inmigración, sino de convivencia: al plantear los procesos de inserción de los colectivos de origen inmigrante, es preciso abandonar la fase inicial de acogida, para abordar de forma amplia la construcción de la convivencia, que probablemente sea mucho más difícil que la primera, puesto que depende de actores y variables con múltiples combinaciones. Las Administraciones públicas han sabido orientar mejor sus recursos e iniciativas hacia la acogida que hacia la promoción de la convivencia, que en ocasiones han dejado en manos de la sociedad civil, o amparándose en un supuesto efecto autorregulador del espacio público. Cuando el tejido asociativo está debilitado, es fácil que se vea superado por la aceleración de transformaciones en el perfil demográfico y social de un barrio. Este ha sido el caso del Besòs.
Atención con categorizar estos hechos como conflictos raciales o étnicos: ninguna de estas categorías puede explicar el homicidio de Ibrahima Dyey, a pesar de que tanto senegaleses como gitanos han apelado en sus discursos al componente colectivo. Ello configura un panorama en el que se predefine la animadversión entre ambos colectivos, que es más que cuestionable. La investigación policial también tendrá que determinar si existe un móvil xenófobo como apuntan los compañeros de la víctima. Pero de nuevo es el contexto el que nos ayuda a interpretar hechos singulares: el asentamiento de unos colectivos inmigrantes (en este caso senegaleses) y la resistencia al mismo que muestran otros colectivos (en este caso gitanos) que a su vez son cuestionados por el resto del contexto social. Tal vez exista una relación entre los procesos de exclusión social que padecen ambos colectivos, que marcan sus relaciones.
Hay que evitar, por otro lado, la tendencia a minimizar hechos como este: hay una contradicción formal entre anunciar que se trata de un "hecho puntual" y a continuación hablar de posibles "conflictos latentes" en este y otros barrios catalanes. Ello denota la incomodidad que provoca entre las instituciones públicas y otros actores sociales (entre ellos los representantes de los colectivos senegalés y gitano) toda evidencia de conflictividad social. Se tiende a pasar página rápidamente, sin apreciar la oportunidad para evaluar la salud de la convivencia social en estos barrios. No se trata tanto de la cantidad como de la cualidad de los hechos, que en este caso muestra la existencia de tensiones sociales subyacentes en un barrio con frágiles equilibrios.
Quizás la primera valoración que podamos extraer de este caso sea apreciar el riesgo que supone, para la calidad democrática de nuestra sociedad, la transformación del espacio público de ámbito de sociabilidad en terreno de disputa. Remontándonos a nuestra memoria, algo parecido ocurrió en 1999 en Ca n'Anglada. Una discusión banal acabó convirtiendo la calle en terreno de disputa entre colectivos a los que la sociedad parecía negarles el acceso a otros espacios públicos de sociabilidad.
Jordi Moreras es investigador del Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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