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Cuesta cargó a Emarsa 3.788 euros por noches de hotel con mujeres rumanas

El juez investiga una conexión con Bucarest a cuenta de la empresa pública

Ignacio Zafra

Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, la sociedad pública de depuración del agua de Valencia exprimida hasta la quiebra, cargó a la entidad 3.788 euros por ocho noches de hotel en los que se alojó con cuatro mujeres rumanas, según admitió ayer ante el juez.

El instructor Vicente Ríos trataba de indagar en la extraña conexión rumana de Emarsa. Sus directivos viajaron multitud de veces a Bucarest a costa de la empresa pública. En ocasiones iban acompañados por algunos de los empresarios sospechosos de haber vampirizado a la sociedad; en otras, por hombres y mujeres rumanos.

La versión ofrecida por los acusados, que sostienen que Emarsa trataba de hacerse con la dirección de plantas depuradoras en Rumanía, no ha sido creída por el juez, ni por la fiscal ni el resto de acusaciones. Tales proyectos no constan en la documentación de Emarsa, y la sociedad pública no tenía capacidad legal para emprender iniciativas de ese tipo. El juez reveló ayer en el octavo interrogatorio a Cuesta que, además de viajar a costa de la entidad, cuatro de las mujeres se alojaron en hoteles con él.

La primera estancia tuvo lugar en el hotel Termas Marinas El Palasiet de Benicàssim, donde se alojaron, en dos habitaciones dobles, el exgerente y tres de las mujeres en agosto de 2009. La factura ascendió a 1.590 euros. En marzo de 2009, Esteban Cuesta se alojó en el hotel Meliá de Alicante, también de cuatro estrellas, con una cuarta compatriota de las anteriores. Emarsa pagó 223 euros. El exgerente, que hasta hace dos semanas fue dirigente local del PP de Valencia, volvió al hotel alicantino en septiembre de 2009 y enero de 2010, acompañado en ambas ocasiones por la misma amiga. En total, Emarsa pagó otros 1.976 euros.El juez le preguntó qué relación tenían las señoras con Emarsa. Cuesta dijo que una de ellas a veces le hacía traducciones; del resto no alcanzó a decir nada. El juez le preguntó por qué no hacían las traducciones en su despacho. El exgerente respondió que Emarsa recibía visitas de empresarios y políticos rumanos y que necesitaba traducción. Concretamente, ¿a qué venían dichos empresarios y políticos?, insistió el juez Vicente Ríos. Cuesta respondió que a visitar la planta depuradora y al menos una vez a Feria Valencia. Siendo así, inquirió el instructor, ¿qué sentido tenía que Cuesta se alojara en Benicàssim y en Alicante con la traductora y sus compatriotas? Según fuentes conocedoras de la declaración, en ese momento Cuesta se desmoronó, su abogado solicitó interrumpir el interrogatorio porque su cliente se encontraba mal, y el juez lo aceptó.

Según las numerosas pruebas que constan en la investigación, la mayoría de ellas documentales, Emarsa fue saqueada por el viejo sistema de hacerle pagar por servicios y suministros que en unos casos resultan extraños y en otros inverosímiles. El juez ha imputado hasta ahora a 16 personas entre directivos y supuestos proveedores de la sociedad pública. Varios de estos viajaron a costa de Emarsa a Bucarest y llegaron a crear allí empresas. En unos casos, del sector inmobiliario; en otros, de gestión de subvenciones públicas y, en concreto, de fondos estructurales de la UE, que en la etapa investigada, 2004 a 2010, llovían en Rumanía con motivo de su incorporación a la Unión.

Una hipótesis no descabellada con la que se trabaja desde las acusaciones es que directivos y empresarios estuvieran desviando en forma de inversiones en aquel país parte de los fondos públicos rapiñados en Valencia. El importe global del desfalco está por determinar, pero la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), expropietaria de Emarsa y personada como acusación, la ha estimado en al menos 30 millones de euros, que es la fianza que ha solicitado para Cuesta y otro de los imputados con el objetivo de cubrir la supuesta estafa.

Antes de intentar aclarar la cuestión de los hoteles, el juez interrogó ayer al exgerente sobre las cuatro personas que según había declarado anteriormente estuvieron cobrando durante años de Emarsa sin hacer en realidad ningún tipo de trabajo. Una de ellas, Luis Botella, es concejal de Urbanismo en Moncada con el PP. Otra, Marisol Giner, fue portavoz del PP en Benetússer. Las otras dos, una periodista y una abogada, estaban al parecer vinculadas a Manises.

Cuesta ya declaró y ayer se reafirmó en que las cuatro fueron contratadas por orden del expresidente y exconsejero delegado de Emarsa Enrique Crespo. A pesar de haber sido imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios, Crespo se mantiene como vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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