El PP catalán exige reciprocidad a Mas y apoyar a Rajoy tras el 20-N

El Partido Popular lleva casi un año ejerciendo de muleta de Convergència i Unió a cambio de unas cuotas de poder institucional que le han ayudado a resituarse en el centro del tablero político catalán. Pero pilotar el Ayuntamiento de Badalona o ser socio preferente en el de Barcelona ya no le bastará a partir del 20-N si, como todas las encuestas indican, Mariano Rajoy accede a La Moncloa con mayoría absoluta. El PP catalán pedirá entonces un nuevo esfuerzo a CiU que promete causar conflictos en las filas nacionalistas. De entrada, los populares exigirán a Convergència que apoye las complicadas decisiones que en el terreno económico deberá tomar el futuro Gobierno. Ayer se lo dejó claro la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, al presidente de la Generalitat: "Le pido reciprocidad y que actúe con la misma responsabilidad que hemos tenido nosotros en el Parlamento catalán".

La ley que limita el déficit catalán avanza en el Parlament

En el PP ya sueñan con volver a un escenario similar al del año 2000, con un Gobierno de CiU apuntalado por los populares y con un Gobierno central con mayoría absoluta del PP. Pero esta vez quieren perfeccionar el modelo y contar en el Congreso con una mayoría absoluta ampliada a los nacionalistas de CiU y PNV. Se trata de tener un gran amortiguador para afrontar unas turbulencias sociales que en las filas del PP ya dan por seguras como consecuencia de los previsibles recortes sociales con los que Rajoy pretende salvar la crisis.

La petición de Sánchez-Camacho a Artur Mas, realizada ayer con toda la pompa en el Parlamento catalán, tuvo una respuesta poco previsible hace apenas un año. Mas prometió una "colaboración leal" con el próximo Gobierno -"como siempre", puntualizó- siempre que este sea respetuoso con "los intereses de Cataluña". Aunque puede deducirse que para Artur Mas la defensa del concierto económico forma parte de estos intereses de Cataluña, lo cierto es que no lo citó en su cara a cara con Sánchez-Camacho. Esta, en cambio, sí reprochó al presidente de la Generalitat su defensa de un nuevo pacto fiscal."Señor Mas, nosotros hemos actuado con responsabilidad con los Presupuestos, con la reducción del sector público y hoy [por ayer] con la Ley de Estabilidad Presupuestaria; le pedimos que, aunque es muy importante el próximo pacto de financiación es mucho más importante el pacto económico para salir de la crisis", recordó Camacho.

La fructífera relación de CiU y PP en los ámbitos municipal y autonómico es un palo en las ruedas de la campaña del democristiano Josep Antoni Duran Lleida. Duran necesita distanciarse del PP, ya que el partido le está comiendo el terreno. Y de esta situación que saca provecho el PSC, que el martes puso el dedo en la llaga al asegurar, en palabras del número 2 en las listas, Daniel Fernández, que Duran "camina hacia la irrelevancia política". Para no quedar fuera de juego, ayer rescató una antigua idea que le permite ubicarse entre PP y PSOE en el espectro político. En un mitin en Olot (Garrotxa), Duran aludió a la creación de un Gobierno de concentración para afrontar la crisis económica. El democristiano repasó la crisis del euro y concluyó: "Vienen tiempos muy difíciles".

El intento de Duran de alejarse del PP se encarga de desmentirlo el grupo parlamentario de CiU, que siempre echa mano de este partido para evitar que prosperen en el Parlament las votaciones que pretenden censurar los recortes. Ayer sucedió una vez más con una moción de ERC que exigía al Gobierno dar marcha atrás en el decreto que recorta la renta mínima de inserción. La diputada del PP Marisa Xandri criticó el caos que supusieron los cambios en la RMI, realizados en pleno verano, pero, aun así, su partido vetó la moción: "Su modelo difiere mucho del nuestro", le espetó al diputado de ERC Pere Bosch. Bosch reclamó a CiU que se alejara de los pactos con el PP por ser "un camino con peaje".

El acuerdo entre Gobierno y la formación de Sánchez-Camacho, sin embargo, se repite en la mayoría de leyes económicas. Ayer se volvió a evidenciar en la votación del proyecto de ley que sirve para limitar el déficit catalán al 0,14% del PIB en 2018. La ley propuesta por el Ejecutivo catalán -que responde a la reforma constitucional aprobada en verano con los votos de PSOE y PP- pasó ayer el primer trámite parlamentario con el apoyo de CiU, PP y PSC.

Socialistas y populares votaron en consonancia con la reforma constitucional, aunque con actitud diferente. El PP dedicó pocos reproches al Gobierno. El diputado José Antonio Coto solo reprochó a CiU que no haya presentado los Presupuestos. Los socialistas, en cambio, afearon a CiU que la norma es mucho más restrictiva que la estatal. "Esta ley es más un pacto ideológico con el PP que otra cosa", denunció la diputada socialista Rocío Martínez-Sempere. Los grupos que votaron en contra lamentaron el corsé que Cataluña pone a su propio gasto. Joan Boada, de Iniciativa, reprochó que la ley "obedece a la ideología conservadora y neoliberal". El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, celebró su aprobación: "Damos un mensaje de rigor en un momento especialmente importante", destacó.