La consigna de Woody Allen

José Martí Gómez, buen amigo y excelente periodista, me preguntó el otro día mi opinión sobre esos señores de una caja de ahorros de Galicia que al cesar en el empleo habían percibido 26,6 millones de euros como indemnización y pensión vitalicia. Le leí el artículo del Código Penal que castiga el delito societario. Los administradores de una sociedad que, con abuso del cargo, contraigan obligaciones en beneficio propio y en perjuicio de los socios, depositarios, o cuentapartícipes, son los autores de ese delito. Así lo leyó textualmente por la radio citándome amablemente. Aquellos señores, según los medios de comunicación, desde sus puestos de máxima jerarquía, habían conseguido que la entidad se obligara a concederles esas prejubilaciones multimillonarias. En Alicante ha pasado algo parecido. La cuestión siempre es si los administradores de una entidad pueden urdir contratos para proporcionarse gratificaciones o prejubilaciones grandiosas. Unas veces son cajas refinanciadas con dinero público, otras veces empresas públicas, otras, bancos refundidos. Siempre es la consigna de Woody Allen: toma el dinero y corre.

No les pagaron esas altísimas cifras para que desempeñaran futuras actividades, sino porque se iban, o para que se fueran

La Audiencia de Barcelona, en marzo de 2011, condenó a directivos de Ferrocarrils de la Generalitat que también se habían agenciado jubilaciones de escándalo por un total de 718.000 euros. Sentenció que ese comportamiento es una sustracción. Además, como se trataba de una empresa pública y el enriquecimiento se había logrado mediante un contrato ilegal engañando a los órganos de control de la empresa, el delito era más grave.

Distinto había sido el resultado final de otras célebres jubilaciones de lujo fuera de Cataluña. En 1999 comenzó el proceso de fusión del Banco Santander con el Central Hispano. Sus presidentes pactaron un contrato de fusión, nombrándose ambos copresidentes del nuevo banco, e incluyendo determinadas condiciones económicas de jubilación para el presidente del Central Hispano y su vicepresidente y consejero delegado. Sin embargo, antes de llegar a la edad prevista, se redactó un nuevo contrato más favorable para el copresidente y vicepresidente fusionados. A continuación, renunciaron al cargo, percibiendo el copresidente, en concepto de bonus, 43 millones de euros, y como pensión vitalicia cinco millones más. Y el vicepresidente, 56 millones.

El Tribunal Supremo, en julio de 2006, les absolvió de la acusación como autores de delito societario, aquel que divulgó por la radio mi amigo Martí. El argumento de la absolución es que las retribuciones, premios y gratificaciones a profesionales de alta cualificación social, como a los comunicadores, artistas y deportistas, las fija el mercado, y sus altísimas cifras estamos acostumbrados a verlas en los medios de comunicación, siendo producto de los beneficios que reportan a las empresas. Sin embargo, al nuevo banco nacido de la fusión, que es el que pagó las asombrosas sumas, no le habían reportado beneficio alguno. No habían hecho prácticamente nada. No les pagaron esas altísimas cifras para que desempeñaran futuras actividades extraordinarias, sino, simplemente, porque se iban, o para que se fueran. Y lo hicieron con tal premura, que más parece que siguieran la consigna de Woody Allen.

A los magistrados les debió de doler su propia benevolencia. Por eso, a continuación, se justificaban diciendo, más o menos claramente, que les parecía que cobrar esas sumas es inmoral, aunque según ellos, no encaja en la ley penal. Esto se decía en 2006. Después ha venido la crisis, y se ha evidenciado que aquellas sumas escandalosas son un perjuicio real para los depositarios o clientes de las entidades saqueadas, sean privadas, refinanciadas o públicas, ya que los administradores no son, o no deberían ser, los amos. El reproche moral del Tribunal Supremo en 2006, ahora es ya general, desde los indignados hasta Durão Barroso. Lo de toma el dinero y corre ya no es admisible, y puede ser perseguido. La Audiencia de Barcelona acaba de abrir un resquicio para ello, que esperemos que no se cierre.

José María Mena fue fiscal jefe de Cataluña.