Salud sanciona a 17 empresas por vender aceite de menor calidad

La Consejería de Salud ha sancionado a 17 de las 24 empresas a las que expedientó después de que una inspección constatara que el aceite de oliva que contenían sus envases era de una calidad inferior al que anunciaba la etiqueta. Las multas, de 2.500 euros, se corresponden con una infracción leve, ya que las empresas han demostrado que no cometieron fraude (no hubo engaño intencionado), sino que algo falló en la cadena de distribución o almacenamiento.

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ya adelantó el pasado verano que las empresas contaban con análisis del momento del envasado que garantizaban la calidad del aceite. Según fuentes de Salud, donde se ha apreciado una pérdida de cualidades en otro control, el llamado panel test, una cata organoléptica utilizada para catalogar los aceites de oliva vírgenes.

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Según explicó en su momento Montero, el aceite de oliva virgen extra pierde cualidades si no se cumplen determinadas condiciones de conservación (relacionadas, entre otros aspectos, con la temperatura o el transporte) y ahí es donde Salud encuadra las anomalías de las muestras analizadas.

Marca responsable

Según la Ley andaluza de Defensa y Protección de los Consumidores, de 2003, el responsable de garantizar las condiciones de comercialización es la empresa que se publicita en el etiquetado (por ejemplo, en una marca blanca de una gran superficie sería ésta la responsable, aunque el aceite lo hubiera producido otra empresa), salvo en el caso que la marca demuestre que la distribuidora no ha cumplido las condiciones de distribución o almacenamiento.

La sanción impuesta a las empresas está recogida en el artículo 71.2.3 de esta norma: "Elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bienes cuando su composición, características técnicas o calidad no se ajusten a la normativa o difieran de la declarada o anotada en el correspondiente registro".

Fuentes de Salud señalan que no se va a desvelar los nombres de las marcas sancionadas, ya que entienden que al no haber fraude, con la multa queda la pena pagada. La organización de consumidores Facua insistió ayer, sin embargo, en la necesidad de que la Junta haga públicos estos nombres.

Sobre la firma

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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