Los análisis descartan el fraude en el etiquetado del aceite virgen extra

No era aceite de oliva fraudulento, sino mal conservado. La mayoría de las empresas a las que la Consejería de Salud y Consumo abrió el pasado mes de noviembre un expediente sancionador después de que una inspección constatara que el producto a la venta no se correspondía con lo que anunciaba su etiqueta han podido demostrar que contaban con análisis del momento del envasado que garantizaban la calidad del aceite. La consejera, María Jesús Montero, avanzó ayer los resultados de las pruebas y admitió que la principal hipótesis con la que se trabaja ahora es que hubo fallos en la conservación del producto.

"A expensas de que finalice todo el procedimiento, la mayoría de las empresas ha podido demostrar que durante el momento del envasado los productos se encontraban en las condiciones que planteaba el etiquetado", señaló Montero. El aceite de oliva virgen extra, explicó la consejera, pierde cualidades organolépticas si no se cumplen determinadas condiciones de conservación (relacionadas, entre otros aspectos, con la temperatura o el transporte de los envases) por lo que los responsables de las anomalías detectadas no serían las aceiteras sino que algo habría fallado en la cadena de distribución y comercialización.

La consejera comparó estas circunstancias del aceite virgen extra con las del vino, que también pierde calidad si no se conserva correctamente. "Estamos pensando en hacer una campaña para que el consumidor pueda comprobar al coger una botella que el producto está bien conservado", señaló la consejera. La Junta y el sector aceitero están trabajando en las "recomendaciones" que se van a trasladar al usuario para que las tenga en cuenta antes de adquirir el producto.

Salud abrió la investigación el pasado mes de noviembre tras analizar 24 lotes de aceite y detectar que, en 15 de ellos, el contenido del envase era de calidad inferior al que figuraba en el etiquetado del producto. Las inspecciones se centraron en puntos de venta directa al consumidor y en marcas con precios "excepcionalmente bajos", según explicó entonces la Junta, que ordenó a las empresas la inmovilización de los lotes sospechosos y prohibió su venta. Los 15 expedientes sancionadores siguen abiertos y Montero rehusó ayer dar el nombre de las marcas implicadas hasta que finalice todo el procedimiento.