El sector agrario critica a la Junta por su investigación sobre el fraude en el aceite

El sector agrario y las organizaciones de consumidores han reaccionado con perplejidad y estupor a las declaraciones de la consejera de Salud, María Jesús Montero, en las que descartaba fraude en el etiquetado del aceite de oliva y atribuía la pérdida de calidad del producto a su mala conservación en las estanterías.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía, Agustín Rodríguez, censuró ayer la "irresponsabilidad" de la consejera por intentar cerrar este caso con "tanta ambigüedad". "Si el aceite se ha deteriorado es que se ha incumplido la norma y habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda, ya sea a la distribución o a los fabricantes", espetó Rodríguez, que alertó de que existe un "riesgo real" de que la situación vuelva a producirse por los bajos precios del aceite y la penetración cada vez mayor de las marcas blancas. "Con esta ambigüedad no se beneficia a la gente que hace un buen trabajo, que es la inmensa mayoría, porque se mantiene la sombra de duda sobre el sector", señaló.

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La UPA reclama las sanciones correspondientes a las firmas que comercializaron los lotes detectados como fraudulentos. Desde Asaja, el jefe de los servicios técnicos en Jaén, Cristóbal Gallego, cree necesaria una modificación del Real Decreto sobre Calidad Alimentaria, para que se realicen controles de calidad, tanto químicos como organolépticos, a los aceites vírgenes en las envasadoras. Con ello sería el distribuidor el responsable del producto que vende y de cómo lo trata, ya que el aceite pierde sus características con el calor y al ser expuesto a la luz, además de tener una fecha de caducidad, informa Efe.

La federación de consumidores Facua, que ha sido quien con más insistencia ha presionado a la Junta para que concluya una investigación abierta hace nueve meses, sostiene que la Junta "hace el ridículo" en su investigación. "Sería especialmente grave que tras haber hecho un juicio sobre una parte del sector aceitero, encima se hayan cometido determinados errores en los análisis de la Junta", señaló el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, para quien no es entendible que hagan falta nueve meses para realizar los contraanálisis. "Para saber si se cumplían las calidades exigidas se tardaba solo horas", añadió Sánchez, que lamenta que se haya puesto sobre sospecha a las marcas más baratas.

Y es que la tardanza de la Consejería de Salud en concluir la investigación sobre el fraude en el etiquetado ha acentuado las tensiones en un sector ya de por sí excesivamente atomizado y que vive una de sus mayores crisis de precios. Las denominaciones de origen han urgido a la Junta a extremar los controles en los puntos de venta.

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El presidente de la denominación de Sierra Mágina, Rafael de la Cruz, solicitó incluso que se elimine la tipología Aceite de Oliva, puesto que no es zumo de aceituna, para que no se confunda con la de Aceite de Oliva Virgen y Aceite de Oliva Virgen Extra. Además, ha instado a las Administraciones a corregir las normas que posibilitan estos fraudes, entre ellas la normativa europea que, en su opinión, confunde a los consumidores. Las organizaciones agrarias culpan de la situación a la gran distribución por banalizar el producto. "La caída de precios está afectando a la calidad final del producto", advirtió Agustín Rodríguez. Tanto la UPA como Coag han denunciado a varias superficies comerciales por irregularidades en el etiquetado. Consumo dio la razón a Coag en su denuncia contra Alcampo.

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