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Tensión por los ajustes presupuestarios

Cleries rectifica y congelará la mitad de los pagos a geriátricos

Las entidades afectadas lamentan la improvisación del Gobierno catalán - Bienestar echa la culpa a Economía

Los gestores de residencias públicas en Cataluña respiran más aliviados, pero también más inquietos por el alarde de improvisación del Gobierno catalán. La Generalitat, que el martes anunció que congelaba durante dos meses los pagos a residencias, geriátricos y centros de atención a disminuidos, rectificó ayer sobre la marcha y a medias. El Ejecutivo catalán pagará el 50% de las transferencias mensuales a estos centros en septiembre y los pagos se habrán normalizado ya al mes siguiente, aseguró el consejero de Bienestar y Familia, Josep Lluís Cleries. El 50% restante se abonará teóricamente antes de final de año. "El problema de tesorería no era tan grande y lo hemos podido solucionar", señaló el consejero.

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La rectificación se produce tras dos días de tensión entre las entidades sociales afectadas, que avisaron de que deberían cerrar o dejar de pagar las nóminas de los empleados si finalmente la Generalitat congelaba los pagos. Ahora, según las cuentas de Cleries, ese aplazamiento equivale solo "a unos 15 días". El martes Cleries prometió a las distintas entidades que intentaría poder abonar al menos el 25% de las deudas, cifra que se ha elevado hasta el 50%. "Es un problema que las entidades pueden afrontar", celebró Cleries, quien señaló al Departamento de Economía como responsable del recorte."Reclamaré más margen al Departamento de Economía", señaló Cleries en la reunión del martes, según asistentes al encuentro. Economía y Finanzas, sin embargo, solo comunica a cada departamento la disponibilidad de fondos, no cómo cada área de gobierno tiene que gestionarlos, según fuentes de la Generalitat. En este aspecto, cada consejero decide cómo aplica los recortes, añadieron estas fuentes.

Cleries, sin embargo, se limitó ayer a celebrar la "buena noticia", sin explicitar cómo se ha fraguado la modificación de criterio. El consejero defendió que el cambió de opinión obedece a que el lunes, cuando anunció que se congelaban los pagos a residencias durante dos meses, los números no estaban cerrados. Después de analizar la tesorería de la Generalitat con más profundidad, señaló, ya puede transmitir este mensaje de "tranquilidad y buen trabajo".

Las residencias colaboradoras, centros privados que ofrecen camas al sistema público, seguirán cobrando solo el 65% de la factura. El porcentaje coincide con el peso aproximado de las nóminas en estos centros, por lo que supuestamente el pago de salarios debería quedar cubierto. Pero estas entidades, que emplean a unas 50.000 personas y atienden a 142.000 usuarios, también deben hacer frente a otros pagos y deudas, por lo que el sector no descarta que se apliquen congelaciones o recortes en las nóminas, entre otras medidas aún por decidir.

Las entidades sociales afectadas respondieron con buen gesto, pero sin morder todo el anzuelo. "Agradecemos la celeridad con que se ha resuelto el asunto y nos sentimos aliviadas por la solución", señaló en una nota la Mesa del Tercer Sector, organización que agrupa unas 4.000 de las entidades afectadas. En privado, sin embargo, las entidades se mostraron más críticas por la sucesión de cambios de rumbo en el Departamento de Bienestar y Familia. "Nos avisan de que no pagarán a cuatro días de final de mes; nos dicen que nos pagarán, pero solo la mitad, a dos días a final de mes... Ya tenemos miedo de saber cuál será el próximo episodio", admitieron directivos de la organización.

No olvidan el diametral cambio de discurso de Cleries en menos de tres días. Bienestar y Familia instó a los centros a que cubrieran los pagos de los dos meses en que no recibieran fondos de la Generalitat y añadió que las entidades deberían financiarse "a través de sus fondos propios". "Los centros concertados ya tienen otras fuentes de ingresos", explicó una portavoz, en alusión a que la Generalitat subvenciona a los usuarios solo una parte de la estancia en función de sus ingresos y el resto lo debe abonar la familia del propio ingresado. "Y en el caso de los colaboradores, también disponen de camas de uso privado", justificó el Gobierno.

"Solo esperamos que la próxima vez esperen a revisar la tesorería y a hacer bien su trabajo antes de anunciar lo contrario y poner a todas las entidades al borde del abismo", lamentó con sorna otro responsable de la Mesa del Tercer Sector.

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