Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Las pensiones de los amigos de Guerrero

Dos intrusos admiten ante la juez de los ERE que cobraron 725.000 euros

El pensionista Alejandro Millán alegó ayer ante la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que cobró 455.508 euros como intruso (persona que nunca trabajó en las empresas beneficiadas), pero nunca se pensó que sería ilegal porque venía de "un alto cargo de la Junta". Además, Millán figuró en una póliza para Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) "para un acuerdo de desconvocatoria de una huelga de limpieza", según aclaró el directivo de Vitalia Antonio Albarracín. Millán tampoco trabajó nunca para FCC. "Cuando vi la cantidad pensé que en ese momento se estaba haciendo justicia", añadió Millán, exmilitante del PSOE en El Pedroso (Sevilla) y amigo del ex director general de Empleo Javier Guerrero, que sufrió un infarto.

"Cuando vi la cantidad pensé que se estaba haciendo justicia", dijo Millán

Uno de ellos figuró en una póliza de FCC para solucionar una huelga

Tanto Millán como Rafael Ruiz, otro intruso también amigo de Guerrero, declararon ayer ante la magistrada como imputados por tráfico de influencias, obtención ilegal de ayuda de Administración Pública, y malversación y prevaricación en su condición de extraneus al no ser funcionarios. A la salida de los juzgados un acompañante del intruso puso una zancadilla a un fotógrafo de prensa para evitar su trabajo, y a continuación este le denunció con un parte de lesiones y daños sufridos.

Millán reconoció que durante meses compatibilizó tres ingresos: la prestación de la Junta de 1.803 euros mensuales, otra pensión por incapacidad de 600 euros y además su trabajo como electricista en una empresa que creó con su cuñado. El 2 de junio de 2010 Millán percibió 272.612 euros en un solo ingreso, dinero que destinó a comprar una casa.

Mientras, Ruiz alegó ante la juez que llamó a Guerrero para pedirle ayuda tras quedarse desempleado y este le ofreció una póliza de seguros, "a la que ambos sabían que el señor Ruiz no tenía derecho alguno", subraya la magistrada. La juez le preguntó que si pensaba que la ayuda era legal, por qué no le comentó la existencia de esta ayuda pública a familiares o amigos necesitados en situación similar. "No tengo que decirle nada a nadie, ni informar a nadie de nada", respondió lacónico Ruiz.

Este intruso reconoció haber percibido 265.618 euros de una póliza de rentas contratada por la Junta tras quedarse en paro como comercial. Ruiz percibió la suma desde abril de 2007, cuando la simultaneó con una prestación por desempleo de unos 980 euros mensuales. A partir de enero de 2008, también la compatibilizó con un subsidio para mayores de 52 años de 426 euros al mes. Según su declaración, no formalizó su petición de ayuda por escrito ante ningún organismo oficial sino en una "conversación telefónica informal" con Guerrero, tras lo cual fue citado por un trabajador de la consultora Vitalia para la tramitación de la ayuda. "Si tengo que devolver el dinero, que me hagan un escrito y lo devolveré", dijo Ruiz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de septiembre de 2011