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El Constitucional admite el recurso del Gobierno central contra el aranés

El síndico de Aran, Carlos Barrera, denuncia una "agresión a la lengua"

Nueva polémica lingüística en vísperas electorales: el Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso que el 22 de julio interpuso el Gobierno central, que pide que se declare inconstitucional el aranés como lengua de uso preferente en la Val d'Aran.

El Ejecutivo impugna cuatro artículos de la Ley del Occitano, aranés en Aran, que el Parlament aprobó en septiembre de 2010. Los puntos puestos en entredicho son los que estipulan la oficialidad de la lengua en la comarca y en Cataluña, y su uso preferente en las instituciones, los medios de comunicación y las escuelas de la zona.

El Gobierno se ampara en el artículo 3 de la Constitución, que establece que el español es la lengua oficial del Estado. Y el aranés no puede tener los mismos privilegios. La admisión del recurso ha provocado la suspensión de la vigencia y la aplicación de dichos artículos. El síndico de Aran, Carlos Barrera, aseguró que es una "agresión a la lengua y a las instituciones catalanas", por aprobar la ley. El recurso llega cuando el candidato del PSOE a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, defiende el modelo de inmersión lingüística de Cataluña. La Generalitat, por su parte, lo recurrirá.

"El recurso no cambiará la intensidad del uso social, administrativo ni educativo del aranés, pero sí el orgullo nacionalista de los araneses", aseguró Barrera, de CDA (rama política de CiU). Aun así, se mostró "indignado" por la "intolerancia del PSOE para aceptar la realidad de un país que posee una pluralidad lingüística", argumentó.

Recordó, además, que España firmó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El aranés es una variante lingüística del occitano que se habla únicamente en la Val d'Aran y tiene 7.000 hablantes. Corre, según los baremos establecidos y los expertos, el riesgo de desaparecer. "No es ninguna amenaza y, por tanto, se la tendría que ayudar en lugar de atacarla", indicó el consejero de Cultura, Ferran Mascarell. La Ley del Occitano, aranés en Aran, se interpretó en círculos políticos y sociales de la zona como un triunfo de la lengua y de la comarca porque por primera vez se garantizaban sus derechos lingüísticos.

Pese a que el Conselh Generau d'Aran, máxima institución de la comarca, posee ciertas competencias administrativas, no tiene poder legislativo para recurrir la decisión judicial. El único que puede es el Parlament, que aprobó la norma, y así será pese a que Mascarell admitió que "cuesta creer que haya algo fuera de lugar". Asimismo lamentó la "obstinación" y el "juego de despropósitos" en temas lingüísticos del Gobierno, y anunció que la Generalitat pedirá que se retire el recurso y una rectificación "a fondo" de las políticas que se realicen con el catalán y el aranés.

Mascarell indicó que la decisión niega "el espíritu" del artículo 3 de la Constitución, que establece que las distintas modalidades lingüísticas de España serán objeto de especial respeto y protección. Pero es el mismo texto que cuestiona la oficialidad de una lengua, ya que únicamente lo puede ser el español. El resto pueden ser consideras lenguas propias, pero no de uso preferente y que pasen, por lo tanto, por encima del español. Por ello, el síndico cree que el Gobierno central "no tiene consciencia de lo que firma", y menos cuando Rubalcaba, junto con la candidata socialista por Barcelona, Carme Chacón, ha defendido el sistema de inmersión lingüística de Cataluña.

El exsíndico de Aran y actual secretario general de Unitat Aranesa, referente del PSC en la comarca, Paco Boya, fue más allá y afirmó que el trámite de admisión del recurso es "una consecuencia de la sentencia del Estatuto recurrida por el PP".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 20 de septiembre de 2011