Una nueva fiscalidad

Dos meses antes de que se celebren las elecciones generales, el Gobierno ha decidido despertar la figura tributaria del impuesto sobre el patrimonio. Lo ha hecho eliminando la exención completa del tributo que existía desde el ejercicio de 2008 y elevando el mínimo exento hasta 700.000 euros. En consecuencia, ha reducido a unos 160.000 los contribuyentes que tendrán que soportar el impuesto. Según las estimaciones oficiales, en el próximo ejercicio se recaudarán unos 1.080 millones de euros, frente a los 2.100 que recaudó el último año de su vigencia, en 2007. Aunque solo se examinen las previsiones de recaudación, se llega a la conclusión de que la resurrección del tributo es una decisión que responde más a necesidades de ajuste presupuestario que a la voluntad de componer una estructura fiscal sólida.

Es algo difícil de cuestionar que, al igual que en otros países de nuestro entorno, el ajuste presupuestario que exige el saneamiento de las finanzas públicas requerirá elevaciones significativas de impuestos. Para cumplir con los compromisos de reducción del déficit, este y sucesivos Gobiernos tendrán que recurrir a un aumento de la presión fiscal. Por ello, lo más importante es localizar las debilidades del sistema fiscal y actuar en consecuencia. Hay margen para subidas en impuestos especiales y, por supuesto, en la imposición sobre el capital. Pero, además de tomar decisiones de urgencia (y la de recuperar el impuesto sobre el patrimonio lo es), la economía española necesita una reforma seria de la estructura fiscal.

Una parte de esa reforma es acentuar la progresividad perdida durante las legislaturas del PP y olvidada durante las del PSOE. La condición de partida es no penalizar más a los contribuyentes con menor capacidad defensiva ante la crisis económica y financiera. Pero tratar de hacerlo exclusivamente con ese impuesto no es de recibo. Además del impuesto sobre el patrimonio, la fiscalidad española necesita reconsiderar la actual tribu-tación de las rentas del capital. Una estructura fiscal más progresiva, con mayor eficacia en la persecución del fraude, permitiría ganar margen de actuación para ofrecer estímulos a la inversión al mismo tiempo que se racionaliza el gasto y se reducen el déficit y la deuda.

Es comprensible, en todo caso, que el Gobierno socialista, aunque sea al término de dos legislaturas, caiga en la cuenta de que entre las señas de identidad socialdemócrata y, en todo caso, de mínima justicia, está el tratar de que aporten más al saneamiento de las finanzas públicas aquellos con mayor capacidad de generación de renta y con mayor fortuna. A diferencia de lo observado en otros países, las grandes fortunas españolas no han hecho gesto alguno para reclamar una contribución mayor a los obligados ajustes de rentas. La resurrección del impuesto sobre el patrimonio, en ese sentido, es una señal para una parte de su electorado.

Como contrapartida, la decisión acentuará la diferencia de la fiscalidad española frente al resto de los países de la UE donde esa figura no existe, con la excepción apenas relevante del mantenimiento en Francia de un impuesto para las grandes fortunas. Adicionalmente, se habrá creado un contencioso más con algunas comunidades autónomas. No deja de llamar la atención que sean las gobernadas por el Partido Popular las que han amenazado con no aplicar el impuesto. Bueno sería que su líder nacional aclarara si en el caso de que llegue al Gobierno volverá a la situación existente antes del pasado Consejo de Ministros. Esta debería ser la campaña electoral en la que el debate impositivo, la necesaria reforma fiscal en la dirección de una mayor progresividad, fuera objeto de discusión por unos y otros. Lo demás será despistar una vez más a los ciudadanos, a los contribuyentes.