Una insólita reforma

Sobran las razones para suponer que la reforma del artículo 135 de la Constitución, consensuada de manera apresurada por socialistas y populares en los últimos días de agosto, pretende contrarrestar las posibles turbulencias en los mercados internacionales de deuda que pudieran provocar este otoño el rescate europeo de la economía española. La teatral decisión de situar la estabilidad presupuestaria por encima del escalón legislativo tiene como precedente la reforma constitucional alemana de 2009 y parece una respuesta a las señales de alarma emitidas por el Banco Central Europeo.

En una perspectiva histórica, medidas como la reducción del déficit estructural pudieran ser una manera de contribuir a la cohesión del proyecto europeo y de ir pertrechándolo con los instrumentos de un gobierno común. En teoría, la pérdida de soberanía nacional que implican las autolimitaciones o transferencias de poder estatales son un requisito para la construcción de Europa, que necesita no solo unidad de mercado y unidad monetaria sino también políticas presupuestarias y fiscales comunes. En la práctica, sin embargo, la complejidad imprecisa del artículo 135 de la Constitución, la remisión para su desarrollo a una ley orgánica que deberá ser aprobada antes del 30 de junio de 2012 y el aplazamiento hasta 2020 de los límites del déficit estructural máximo del 0,4% de las Administraciones públicas pone de manifiesto las dificultades técnicas de un proyecto que deberá contar además con el impacto negativo de eventuales catástrofes naturales, crisis económicas y situaciones de emergencia.

PSOE y PP recurren a la revisión constitucional para garantizar la estabilidad presupuestaria

La Constitución de 1978 se halla tan protegida frente a la reforma que solo había sido posible hasta ahora la aprobación -en 1992- de una modificación menor exigida por el Tratado de Maastricht. El vertiginoso entendimiento entre el PSOE y el PP, que han recorrido en pocos días una distancia de más de 30 años, se explica por el temor compartido de Zapatero -como actual presidente- y Rajoy -como su probable sucesor- a un eventual rescate europeo en la economía española. Pero el recurso a la reforma del artículo 135, tan salpicado de obstáculos en España como expedito en Alemania y Francia, ha resultado desproporcionado; una ley orgánica orientada a cubrir los mismos objetivos hubiese sido suficiente.

Desde la izquierda, la exigencia de un referéndum y las protestas por el procedimiento utilizado para hacer aprobar a matacaballo la reforma del artículo 135 van acompañadas por la denuncia de que la limitación del déficit estructural pretende reducir el gasto social. No cabe olvidar, sin embargo, el injusto carácter intergeneracional de las deudas contraídas hoy pero que tendrán que ser pagadas mañana por nuestros descendientes. Finalmente, los grupos nacionalistas exponen su recelo a que la vigilancia del déficit estructural perturbe la autonomía financiera de las comunidades y se traduzca en recortes de su autonomía política.