Madrid pide a la ONU una nueva resolución para el posgadafismo

El Gobierno español pidió ayer al Consejo de Seguridad de la ONU que adopte "lo antes posible una nueva resolución que tenga en cuenta la situación actual [en Libia], que recoja la representatividad de las nuevas autoridades, la titularidad de los bienes congelados, el embargo marítimo y la zona de exclusión aérea". Así lo expresó, a través de un comunicado, tras la reunión que mantuvieron las ministras de Asuntos Exteriores y Defensa, Trinidad Jiménez y Carme Chacón, con altos cargos de sus departamentos para analizar la situación en Libia.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se mantuvo "en permanente contacto con ambas para el seguimiento de la crisis, con objeto de decidir las actuaciones oportunas", según la nota oficial.

La intervención ya le ha costado a España 71,8 millones de euros

Pese a las noticias que llegaban de Trípoli, el Gobierno español se mostró cauto sobre el inminente fin del régimen de Gadafi. Se limitó a exigir a este último que "para evitar más derramamiento de sangre, deponga su resistencia, abandone el poder y dé paso a una nueva Libia". A los rebeldes del Consejo Nacional de Transición (CNT) les pidió que "el futuro Gobierno libio tenga la máxima representatividad para construir conjuntamente un futuro compartido y que haga todos los esfuerzos para proteger a la población civil".

España ha reconocido al CNT como "autoridad gubernamental" de Libia y le ha pedido que designe al nuevo embajador en Madrid, en sustitución del nombrado por Gadafi, que fue expulsado en junio pasado.

La demanda de una nueva resolución del Consejo de Seguridad, que sustituya a la 1970 y la 1973, permitiría desbloquear los fondos del régimen libio congelados en España -que suman unos 2.000 millones de euros- y poner fin a la operación Protector Unificado de la OTAN. España participa en esta operación con cuatro cazas F-18, dos aviones cisterna (un B-707 y un KC-130), un avión de patrulla marítima CN-235, la fragata Almirante Juan de Borbón y un submarino de la clase Mistral, con un máximo de 500 efectivos en total. En los tres primeros meses de la intervención militar, el coste para España ha sido de 43 millones de euros, a los que hay que sumar 14,4 mensuales desde entonces. Es decir, 71,8 millones en total. Los militares españoles participan en el control del embargo naval y la vigilancia de la zona de exclusión aérea, pero no en los ataques contra objetivos terrestres, y lo seguirán haciendo "a la espera de las decisiones que se adopten entre los aliados", según la nota.

El Gobierno respalda la celebración de una reunión urgente del Grupo de Contacto sobre Libia, propuesta por Francia.

A la reunión de ayer asistieron el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Juan Antonio Yáñez; el director general del Magreb y Oriente Próximo, Juan González-Barba; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez, y el secretario general de Política de Defensa, Luis Cuesta.