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Reportaje:ECOLOGÍA

Las máquinas desembarcan en la selva amazónica

Los primeros efectos de la construcción de la tercera mayor hidroeléctrica del mundo ya se notan en las calles de Altamira: el trasiego de vehículos es infernal y los precios de los alimentos suben sin parar

La gran polémica medioambiental que azota al Amazonas brasileño responde al nombre de Belo Monte. Tras más de 35 años de vaivenes y discusiones sobre la viabilidad y el impacto socioambiental del proyecto, el pasado junio arrancaron las obras para construir en el cauce del río Xingú la tercera mayor hidroeléctrica del mundo después de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú (otra megapresa levantada en los setenta por Brasil y Paraguay en el río Paraná).

La obra, que se lleva a cabo en el nórdico Estado de Pará, en el corazón del Amazonas, tiene una envergadura comparable a la del canal de Panamá y afecta a varias etnias indígenas y a un par de localidades que viven en una apacible precariedad desde su fundación hace más de un siglo. Mientras el Gobierno brasileño y el consorcio responsable de la construcción y explotación de la hidroeléctrica, Norte Energía, aseguran que Belo Monte contribuirá a subsanar las deficiencias energéticas de Brasil y que llevará el desarrollo económico a una región deprimida, grupos medioambientales y sectores indigenistas, espoleados por una reciente condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al proyecto, no cejan en su propósito de paralizar las obras.

El primer prostíbulo abierto en la zona oferta un nutrido plantel de mujeres en una zona de acceso a la ciudad

El cacique Raoni, de la tribu de los kayapó, vaticina un baño de sangre si las obras siguen adelante

Altamira es la localidad donde se concentra el grueso de las organizaciones que se oponen a la construcción de Belo Monte. Con la llegada de los primeros contingentes de maquinaria pesada, el municipio se ha convertido en un hervidero de activistas que, bajo el paraguas de la plataforma Xingú Vivo, se fajan diariamente para forzar la paralización del proyecto. Los primeros efectos de la obra, que se inició a finales del pasado junio, ya se perciben en las calles de Altamira: el trasiego de vehículos es infernal, encontrar una habitación disponible en la precaria oferta hotelera de la ciudad se ha convertido en misión imposible y los precios de los alimentos han subido vertiginosamente. No paran de llegar profesionales de toda índole y se esperan oleadas de trabajadores al reclamo de posibilidades de empleo. Se calcula que la población de Altamira, que ronda los 100.000 habitantes, se vea duplicada en el momento álgido de la obra.

Ante el desembarco progresivo de una población flotante de medio y alto poder adquisitivo (profesionales de alta cualificación, administrativos, gestores o ejecutivos), en Altamira no paran de florecer nuevos negocios, algunos de ellos inusitados en la región, como el primer prostíbulo que oferta un nutrido plantel de señoritas en una de las carreteras de acceso a la ciudad. "Nuestro público es gente con cierto nivel económico. Aquí no entran peones con aliento a cachaça (aguardiente de caña brasileño)", explica un empleado del local.

Por ahora, lo único perceptible es una discreta eclosión demográfica y un crecimiento desordenado de la economía local, aunque tanto el Ejecutivo de Brasilia como Norte Energía anuncian unas extraordinarias mejoras en infraestructuras, saneamientos, educación, salud pública y, en general, en la calidad de vida de Altamira y alrededores. "Todo el mundo imagina el Amazonas como un paraíso natural, pero, como se puede constatar en Altamira, la realidad es muy diferente", afirma João Pimentel, director de Relaciones Institucionales de Norte Energía. "Esta ciudad tiene infinidad de problemas y nuestro objetivo es crear empleo para la población local y traer mejoras en todos los sentidos", añade el directivo.

Uno de los territorios indios que recibirán el impacto de Belo Monte está ocupado por la etnia juruna. En el poblado indígena de Boa Vista, en el kilómetro 17 de una de las carreteras de acceso a Altamira, algunas viviendas de madera se esparcen alrededor de la maloca (casa comunal). La atmósfera en el poblado es decadente y buena parte de las personas que charlan pausadamente bajo la sombra de una arboleda carecen de rasgos indígenas. De repente llega un vehículo polvoriento cargado de utensilios de cocina, y los lugareños se arremolinan junto al maletero para adquirir sartenes. Aunque no son numerosos en esta comunidad, los juruna se oponen frontalmente a la construcción de Belo Monte porque, según ellos, su territorio quedaría anegado y no tendrían otra alternativa que buscar otro lugar para vivir. La líder de la aldea, Sheyla Jakarepi Juruna, declara: "Se han producido continuas violaciones de nuestros derechos, como el de ser consultados ante un proyecto de esta magnitud. Hasta hoy no se han escuchado las objeciones de los indígenas".

A la opinión de Sheyla se unen las de otros conocidos líderes indios amazónicos, como el popular y mediático cacique Raoni, de los kayapó, que desde el año pasado viene vaticinando un baño de sangre si las obras de Belo Monte siguen su curso. Según el anciano jefe, las tribus arara, araweté, xikrin, asurini, parakanã y juruna que pueblan la región están preparadas para ir a la guerra en cualquier momento en defensa de sus territorios. Norte Energía, sin embargo, le resta trascendencia a la oposición indígena y cifra en 2.200 el número de indios que viven en la zona afectada por las obras. "Podemos garantizar que no existirá impacto negativo en estas poblaciones. No inundaremos ningún área indígena ni se producirán desplazamientos de estas comunidades. Todo lo contrario: estas personas se beneficiarán de nuestros programas de mejoras, como el de combate a la malaria, en el que hemos invertido 36 millones de reales (más de 15 millones de euros) para los próximos seis años. Lo demás son falacias y mentiras", abunda Pimentel.

Según el ejecutivo de Norte Energía, los medios de comunicación, principalmente los internacionales, vienen desinformando sistemáticamente sobre todo lo relativo a la hidroeléctrica de Belo Monte. "La prensa internacional se posiciona en contra porque se trata de un proyecto ciento por ciento brasileño y no necesitaremos importar equipos ni tecnología de otros países. A lo mejor esto molesta fuera de Brasil", opina.

Norte Energía admite que la construcción de la hidroeléctrica complicará la situación en varios barrios de Altamira que ahora quedan inundados durante los periodos de lluvias y crecidas del río Xingú. En algunos casos, se trata de conglomerados de palafitos y cabañas donde miles de personas viven hacinadas en condiciones de insalubridad. Las ONG que se oponen a la construcción de la presa afirman que estas familias tendrán que abandonar sus casas y ocupar tierras en otras áreas, incluidos los territorios indígenas, aumentando el voltaje de un conflicto agrario que hostiga al Amazonas paraense desde hace décadas. Norte Energía replica que dentro del paquete de compensaciones a la población local se incluye el realojamiento de más de 5.000 familias que hoy viven en zonas de inundación. "Les vamos a dar una vivienda digna", garantiza Pimentel.

Otro de los grandes cuestionamientos al proyecto se refiere a un tramo de unos cien kilómetros del río Xingú, la denominada Volta Grande, que según algunos estudios de impacto en la cuenca hídrica, experimentará una caída brutal de su caudal durante los meses de sequía estival. La consecuencia más inmediata sería que este tramo quedaría impracticable para la pesca y la navegación, actividades básicas en el modelo de subsistencia de las comunidades indígenas presentes en la zona.

La tercera gran objeción a la construcción de la hidroeléctrica tiene que ver con la viabilidad económica del negocio. Norte Energía asegura que Belo Monte generará una media de 4.570 megavatios de energía firme, con picos de más de 11.000 megavatios. Las organizaciones contrarias sostienen que estos números, combinados con el altísimo coste de la obra, convierten Belo Monte en un proyecto inviable y sin sentido. Según Renata Pinheiro, del movimiento Xingú Vivo, "esta hidroeléctrica está valorada en 30.000 millones de reales (más de 13.000 millones de euros) que van a salir del bolsillo del contribuyente. Belo Monte solo va a funcionar al 39% de su capacidad. Esto se debe a las características del río Xingú, donde existe una variación enorme de volumen de agua entre el verano y el invierno, aproximadamente unas 30 veces menos. En verano las turbinas quedarían prácticamente paradas".

Por este motivo, varios análisis técnicos coinciden en que esta hidroeléctrica, para ser verdaderamente rentable, deberá contar con el apoyo de presas similares en otros puntos del río Xingú. Conclusión: el gran temor de los ambientalistas radica en que Belo Monte solo sea la punta del iceberg, la primera de una serie de obras que alterarían irreversiblemente el curso y los equilibrios internos de uno de los mayores afluentes del río Amazonas. De momento, esta alteración del cauce del Xingú inundará un aérea de más de 500 hectáreas e impactará directa o indirectamente en un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados.

Con el inicio de las obras, Altamira se enfrenta al caos interno. Los promotores manejan la previsión de que progresivamente llegarán a la zona unas 100.000 personas que requerirán servicios e infraestructura básica para vivir. Hoy en día, la ciudad no cuenta ni con una red de alcantarillado. La capacidad hospitalaria está al borde del colapso y el pequeño aeropuerto no soportará en breve el aumento del tráfico aéreo que ya se hace notar. Norte Energía deberá solventar todas estas deficiencias con el cumplimiento de 40 condiciones, aceptadas por el Gobierno brasileño y por el propio consorcio, que se traducen en obras de infraestructura y mejoras para el municipio en varios asuntos clave. Según los contrarios a Belo Monte, las obras ya han comenzado y Altamira aún no ha recibido ninguna contrapartida. De momento todo son promesas.

"Las 40 condiciones están relacionadas con la preparación de la región desde el punto de vista sanitario, educativo, de seguridad, de la protección de áreas reservadas. Si no se cumplen y las inversiones siguen aumentando en esta zona, el crecimiento se producirá de manera desordenada. El resultado de esto será el aumento de las tensiones sociales. Ya lo estamos viendo en personas que viven en áreas que quedarán inundadas y que se están asentando en terrenos públicos y privados. También en los conflictos relacionados con la madera y el aumento de los precios de muchos productos", denuncia Marcelo Salazar, coordinador del Instituto Socioambiental en Altamira.

"Altamira tiene necesidades básicas no atendidas: por ejemplo, hay un alto desempleo y no hay sanidad ni alcantarillado. Las condiciones que debemos cumplir tienen un cronograma de ejecución y algunas de ellas no serán realidad hasta que la hidroeléctrica comience sus operaciones. Hay dos fases cruciales: una en 2015 y la última en 2019. En este segundo momento habremos cumplido con el ciento por ciento de nuestros compromisos. Nadie puede pretender que haya una red de alcantarillado en dos días. En algunos casos son obras de envergadura que llevan su tiempo", replica João Pimentel.

Según el consorcio, unas 20.000 personas trabajarán en el levantamiento de la presa durante el periodo de máxima actividad de la obra. Consecuentemente, ambas partes en conflicto coinciden en que la población actual de Altamira se verá duplicada. Pero una vez que acabe la obra y caiga en picado la demanda de trabajadores, ¿qué sucederá con estas 100.000 personas llegadas al reclamo de Belo Monte? "Nos encontraremos con una cantidad enorme de parados que aumentarán las ocupaciones ilegales de tierras indígenas o de áreas protegidas, y esto agravará el conflicto agrario en esta región y, sin duda alguna, los niveles de deforestación", vaticina Renata Pinheiro. "Paralelamente a Belo Monte habrá otras grandes obras en Brasil que también necesitarán mano de obra. La previsión es que una vez que terminen los trabajos aquí haya una migración de trabajadores hacia otros lugares", rebate Pimentel.

En Altamira existe una nada despreciable resistencia local a la obra, siempre minimizada por Norte Energía. Buena parte de la población que apoya el levantamiento de la presa lo hace apoyándose en consideraciones económicas personales o coyunturales, relegando a un segundo plano el análisis socioambiental del proyecto. Es el caso de Zé Carlos, recepcionista de un hotel de Altamira, que asegura que Belo Monte "ha provocado que tengamos lista de espera todas las semanas".

Belo Monte costará entre 11.300 y 13.000 millones de euros. El Gobierno de Dilma Rousseff sostiene que para continuar su carrera imparable de desarrollo económico, Brasil necesita acometer esta obra que marcará un antes y un después en la historia del Amazonas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 21 de agosto de 2011