Berlín y París piden retirar fondos europeos a los incumplidores

En su esfuerzo por recuperar la estabilidad en la zona euro y frenar la espiral de desconfianza que reina en los mercados, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, proponen "suspender" las ayudas europeas a los países que no cumplan con unos objetivos claros de reducción de déficit. Así se hizo público ayer, en la carta que remitieron al presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en la que detallan las medidas acordadas la víspera en la cumbre franco-alemana celebrada en el Elíseo, al término de la cual anunciaron su voluntad de crear un gobierno ecónomico en la región y de imponer medidas de control presupuestario.

"El pago de los fondos estructurales y de cohesión debería ser suspendido en los países de la zona euro que incumplan las recomendaciones sobre los déficits excesivos", lo que implicará situar el déficit por debajo del 3% del PIB, según escriben los dos mandatarios en la misiva. "Estos cambios deberían integrar un nuevo reglamento de los fondos estructurales y de cohesión que serán propuestos para el próximo marco financiero plurianual", a partir de 2014, añaden. Ambos líderes proponen que las sumas no atribuidas sean redirigidas hacia "un fondo para el crecimiento y la competitividad que será gestionado a escala europea por la comisión".

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En concreto, la medida afectaría a los tres fondos existentes actualmente, que son el Fondo de Cohesión y dos fondos estructural es: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE) y suponen más de un tercio del presupuesto total de la UE. Los tres sumaron una dotación de 347.000 millones de euros para el periodo de 2007-2013. España es, junto a Portugal, Grecia e Italia, uno de los países de la zona euro que más se benefician de estos fondos. Fuera de la zona euro, Polonia es el más favorecido.

El debate en torno a cortar esta ayuda a los países que no respeten cierta disciplina presupuestaria es recurrente en el seno de la Unión Europea. Esta misma semana, el primer ministro holandés, Mark Rutte, pedía sanciones contra los países que no respetaran el equilibrio financiero. "La única forma de que el euro tenga éxito a largo plazo es adoptar tantas sanciones como sea posible en contra de países que no cumplan con unas líneas directrices", declaró el martes.

Los dos mandatarios detallan en el resto de la carta el conjunto de las medidas anunciadas la víspera tras el encuentro en el Elíseo y dan algunas precisiones. El martes anunciaron su voluntad de crear un gobierno económico de la eurozona, mediante la creación de un consejo que se reuniría dos veces al año y contaría con un presidente permanente, que sería el propio Van Rompuy. Además, apuntaron otras medidas como la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras que será presentada en septiembre y la inscripción del objetivo de equilibrio presupuestario en las constituciones de los 17 países de la zona antes del verano que viene.

Otro detalle que se desprende de la misiva es que los dos mandatarios piden a los Estados de la zona con deudas que sobrepasen el 60% del producto interior bruto, el máximo autorizado por el Pacto de Estabilidad que regula la moneda única, que presenten antes de finales de año "un plan de reducción de su deuda por debajo del valor de referencia" y que expliquen "cómo van a tener en cuenta el impacto del envejecimiento de la población en la sostenibilidad de la deuda a largo plazo".

Tras la comparecencia del martes, ayer fue el turno de las reacciones y los comentarios ante las medidas. El Gobierno británico consideró que la apuesta franco-alemana de una mayor integración de la zona euro y un aumento del rigor presupuestario "van en la buena dirección", según aseguró un portavoz del Gobierno británico a Efe.

El principal punto de críticas es la propuesta de creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, y sobre todo, los países de aplicación. El ministro de Finanzas irlandés, Michael Noonan, defendió que la tasa debe ser para los 27 miembros de la Unión Europea y no solo a los 17 miembros de la zona del euro. La medida fue recibida con especial frialdad por los bancos británicos, que consideran que la creación del impuesto tendría que ser mundial para no alterar el funcionamiento de los mercados financieros, informa Guilherme Fogaça. La propia Bolsa alemana también rechazó la idea propuesta por la canciller. "Un impuesto sobre las transacciones financieras no es la medida adecuada para mejorar la integridad y seguridad de los mercados financieros", señaló la institución.

Hasta las manifestaciones de apoyo llegaron con críticas. La ministra finlandesa de Finanzas, Jutta Urpilainen, consideró "interesante" la propuesta franco-alemana del impuesto a las transacciones, pero se mostró reticente a las otras medidas, como la regla de oro del presupuesto, que implica que se incluya en las constituciones un compromiso de disciplina fiscal. "Finlandia asume sus responsabilidades sobre la deuda con su programa de gobierno y no hay necesidad de escribir esto en la Constitución", sentenció Urpilainen.

Los sindicatos europeos se mostraron contrarios a las propuestas presentadas. "A los mercados no les gusta la deuda pública, pero tienen aún más miedo al colapso económico que seguiría cuando los Gobiernos, en un intento en vano por adherirse a la regla del déficit cero, empezasen a recortar el gasto en medio de la recesión", señaló la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en un comunicado.

En España, los sindicatos también reaccionaron ante las medidas propuestas. Desde Comisiones Obreras, señalaron en un comunicado que aunque apoyan la creación de un gobierno económico común y la implantación de un impuesto sobre las transacciones financieras, consideran que es negativo que no se haya propuesto ninguna medida ante la crisis de deuda soberana y el "riesgo de recaída en una nueva recesión", informa Marta Garijo.

Por su parte, UGT se mostró contraria a las políticas económicas que se están llevando a cabo desde Bruselas. El sindicato señaló en una nota que "las políticas de ajuste y reformas emprendidas por la comisión e impulsadas desde Alemania y Francia, lo que están haciendo es ralentizar la actividad económica y el empleo". La patronal, CEOE, no entró a valorar las medidas en sí mismas y apuntó que están estudiando cómo estas propuestas pueden afectar a los empresarios.

Desde Izquierda Unida, el secretario federal del área de Economía y Finanzas, Antonio García Rubio, indicó que la propuesta de limitar el déficit de los Estados priva a la economía de una herramienta "importante" para su impulso en tiempos de recesión.