Ayuntamientos y Generalitat se enfrentan por la renta mínima
El caos social producido por el cambio en el sistema de pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI), que ha afectado a 110.000 personas, ha provocado un enfrentamiento entre la Generalitat y el municipalismo. El Gobierno catalán decidió de improviso pagar la ayuda de 420 euros en el mes de agosto mediante un cheque bancario, en lugar de con la habitual transferencia bancaria.
La vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, se escudó ayer de las críticas recibidas desde los ayuntamientos e insistió en que el presidente de la Federación de Municipios (FMC), Manuel Bustos, conocía e incluso votó a favor de la reforma de la RMI durante una reunión el pasado 27 de julio. Bustos acusó a Ortega de querer desviar la atención sobre la crisis de la RMI y puntualizó que en el encuentro solo se apoyó un cambio en las condiciones "para los nuevos solicitantes" de la ayuda, si incorporaban un informe previo del ayuntamiento.
El caos generado ha originado las críticas no solo de los ayuntamientos, sino también de los trabajadores sociales, que ayer reprocharon a la Generalitat la gestión en la modificación de la ayuda. El sector, que afirmó sentirse "desacreditado" por la actuación del Gobierno, ha convocado una protesta, secundada por CC OO y UGT, hoy en la plaza de Sant Jaume.
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