La Junta renuncia a mantener los empleos de las cámaras agrarias

Hace ahora poco más de un año del decreto ley por el que el Gobierno andaluz ponía fin a las 127 cámaras agrarias, unos órganos con casi un siglo de vida que nacieron para articular la representación de los agricultores pero que habían quedado vacías de contenido al asumir sus funciones las organizaciones agrarias. Con la liquidación de este patrimonio, la Junta no intentaba lucrarse, ya que rechaza subastar las sedes, pero sí aspiraba a un importante ahorro, de más de dos millones y medio anuales, al traspasar esos inmuebles a las organizaciones agrarias.

La condición era que las organizaciones se hicieran cargo también de los 70 trabajadores de estas corporaciones. Pero ante la negativa de Asaja, Coag y UPA, la Consejería de Agricultura ha optado por presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con fecha 1 de agosto.

La Consejería de Agricultura presenta un ERE que afecta a 70 personas

Los 70 trabajadores afectados, la mayoría con más de tres décadas de antigüedad y con una edad media que supera los 55 años, han anunciado que recurrirán la decisión de Agricultura de extinguir sus empleos, al tiempo que han llevado el caso al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. "La Junta de Andalucía quiere ejercer un abuso de poder al tratar de imponer un ERE que sería rechazado por las autoridades laborales en el caso de presentarse por cualquier empresa privada", expone José Antonio Vallés, portavoz de los afectados.

La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, justifica el ERE en la disolución de las cámaras agrarias. "No se ha planteado la asunción de ese personal porque a la Administración andaluza se llega por oposiciones y hay una metodología concreta", indicó Aguilera a Europa Press.

Pero los trabajadores no lo ven así. Vallés recuerda que antes de la transferencia de las cámaras a las comunidades autónomas, gran parte del personal de las cámaras locales fue integrado como laboral fijo del Ministerio de Agricultura por lo que, una vez realizada la transferencia, el personal quedó automáticamente integrado en los servicios agrarios de la Consejería de Agricultura. "Esto hace todavía más injusto y discriminatorio el trato que ahora pretende darse a los empleados de las cámaras provinciales, que ya llevan un año al servicio de la comunidad autónoma que ahora trata de despedirlos", lamenta el portavoz de los afectados, que esgrime el agravio que la Junta andaluza realiza con respecto a otras comunidades donde sí se ha asumido el personal.

Con todo, los trabajadores han anunciado su intención de alegar contra los despidos presentados en las distintas provincias andaluzas y que, básicamente, ofrecían 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 mensualidades. Los trabajadores, sin embargo, exigen entre 45 y 100 días por año trabajado o, en todo caso, una adaptación de las condiciones ofertadas en función del perfil de los distintos empleados.

Las cámaras agrarias fueron herederas de las hermandades sindicales de labradores y ganaderos surgidas tras la Guerra Civil y que se perpetuaron durante todo el régimen franquista. El Gobierno aprobó en 1986 el régimen jurídico de las cámaras. Pero, para entonces, la representación institucional y negociación en defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos ya había sido asumida directamente por las organizaciones profesionales agrarias.

A ellas ha decidido ahora la Junta de Andalucía traspasar las ocho cámaras provinciales, mientras que las locales pasarán a los Ayuntamientos, siempre y cuando se destine a fines vinculados con el sector agrario.