Las explotaciones ganaderas y agrarias caen un 33% en una década

La crisis de rentabilidad por la que atraviesa el sector agrario tiene su reflejo en el último censo de explotaciones hecho público por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las fincas agrarias y ganaderas se han reducido en Andalucía un 33,4% en una década, al pasar de 364.011 en 1999 a 212.903 en el año 2009. El descenso es mucho mayor al registrado en todo el país, de un 23,3%. El aumento del precio de la tierra y la caída de la renta agraria están detrás de estos abandonos. Con todo, el peso de la agricultura andaluza en el contexto nacional sigue por encima del 25%.

También la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) disminuyó en más de 481.000 hectáreas desde 1999 al pasar de 5,45 millones a 4,97 millones, un 8,8% menos. Eso sí, Andalucía presenta una propiedad de la tierra mucho más repartida y con menos latifundios. Así, el tamaño medio por explotación en Andalucía se sitúa ligeramente por debajo de la media española, 18,19 hectáreas, frente a Castilla y León (con 56,58), Aragón (45,73) y Extremadura (40,91), que continúan teniendo los mayores tamaños medios por explotación.

Los mayores descensos han sido en la ganadería ovina y caprina

Para el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Andalucía, Agustín Rodríguez, la explicación al descenso de explotaciones agrarias hay que buscarla en la caída de la población activa agraria, ahora situada en el 7% frente al 27% que se registraba cuando España entró en la UE. Rodríguez señala que es en la ganadería donde más ha influido la crisis estructural del sector para el abandono de explotaciones. En concreto, cifra en un 40% el cierre de explotaciones de ovino y caprino en Andalucía.

Andalucía fue, junto con Canarias y Navarra, la única comunidad donde los precios de la tierra crecieron por encima del conjunto de España entre 1990 y 2008. Las mayores subidas se produjeron en la pasada década antes de que irrumpiera la crisis económica y coincidiendo en gran medida con el boom inmobiliario que provocó una revalorización del suelo agrario.

Según el Informe Anual del Sector Agrario que elabora Analistas Económicos para Unicaja, aunque el precio de la tierra cayó un 5% en 2009 (desde 2008 se cambió la tendencia al alza que se mantenía desde 1993), la cotización, de 20.763 euros por hectárea, es de casi 8.000 euros más que en 2000. No obstante, la evolución del precio de la tierra durante estos últimos años nada tiene que ver con el incremento que se produjo a mediados de los noventa, cuando se registraron unas subidas interanuales por encima del 10%, en gran medida como consecuencia de las ayudas europeas, que hicieron de las tierras una de las inversiones más rentables incluso para aquellos que no vivían en este sector.

Pero no todos los cultivos han tenido el mismo comportamiento en los precios. El mayor precio se paga por la hectárea de frutales carnosos de regadío en la provincia de Granada, que alcanza los 156.750 euros, seguido de las tierras de cultivos protegidos de regadío en Almería, donde por una hectárea se pagan unos 140.400 euros. Por el contrario, la superficie menos cotizada se puede adquirir en la provincia de Granada, donde una hectárea de pastizal cuesta 1.495 euros.

Sin embargo, es el olivar el cultivo que más ha incidido en el comportamiento negativo de los precios de la tierra en los últimos años. Esa circunstancia, unida a la fuerte crisis de precios que sufre el sector, ha motivado que la compraventa de fincas olivareras se haya reducido un 60% desde 2007. El coste de una hectárea agrícola en Jaén era en 2009 de 26.914 euros, un 9,53% menos que el año anterior. Desde 1993 no se vivía una situación así.

También el descenso de la renta agraria está haciendo que las explotaciones disminuyan. Según el Anuario Agrario de Coag, pese al incremento de un 6,9% en la renta de 2010 con relación al año anterior, el diferencial con el periodo 2003-2010 es de un 27,4% más baja y de un 18,3% si el horizonte se amplía al año 1990. "El marco de la actual PAC ha demostrado que no permite estabilizar ni regular los mercados, incapaces de garantizar a los productores unos precios mínimos que, al menos, cubran los costes de explotación", indica Miguel López, secretario general de Coag.