La fiscalía investiga por qué se negó la inseminación a dos lesbianas
La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias para investigar el caso de lesbianas o solteras a las que se les niega el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública de la comunidad. Cataluña y Murcia tampoco incluyen entre sus servicios gratuitos el tratamiento de reproducción asistida a lesbianas porque no cumplen el requisito de formar parejas en la que uno de los miembros sea estéril. Así lo establece el real decreto que fija la cartera mínima de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, de 2006. Ello aboca a las lesbianas y a las solteras a los centros privados, donde el tratamiento puede costar entre 6.000 y 12.000 euros.
A principios de este año, dos casos llamaron la atención sobre este asunto. Fueron los de Andrea Muñiz y Silvia García, a quienes se les negó a la financiación de la medicación necesaria para poder seguir con el proceso de reproducción asistida para ser madre, argumentando que no existía "infertilidad del varón".
"El consejero de Salud del Principado de Asturias, Ramón Quirós, me ha quitado mi derecho a acceder a la Unidad de Reproducción Asistida en Mieres argumentando que no existe infertilidad de varón", se quejó Muñiz en declaraciones a este periódico. García añadió: "Me están diciendo de forma indirecta que me vaya a reproducir con un hombre. Es una violación emocional hacia mi persona. Estoy indignada. No tanto como lesbiana, sino como mujer soltera y sana".
Posible discriminación
Distintas organizaciones y colectivos de gais y lesbianas han tachado de discriminatoria la actuación de la consejería asturiana. Algo que ha negado Ramón Quirós, ya que el informe hospitalario realizado en este caso no declara estéril a Silvia García y, por tanto, no puede optar a la medicación. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, apoyó públicamente a Quirós e insistió en que "la ley de reproducción humana asistida no discrimina a ningún tipo de mujer, pero no establece si el tratamiento debe financiarse o no". Una portavoz de su departamento fue más allá: "El Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garantizar el derecho de ser madre, que es algo mucho más amplio".
Ahora, la investigación abierta por la fiscalía puede dar un giro a la situación de las mujeres que se han quedado sin tratamiento de fertilidad en la sanidad pública.
