La abortada ley de libertad religiosa corregía el privilegio de inmatricular

La ley de libertad religiosa que preparaba el Gobierno quedó aparcada el año pasado, pero en un borrador de aquella normativa se trataba de corregir el privilegio que le concede a la Iglesia la Ley Hipotecaria y su reglamento, en virtud de los cuales el clero puede actuar como un funcionario y poner a su nombre un edificio que nunca antes había tenido propietario, lo que se llama inmatricular.

El portavoz de la comisión de Justicia en el Congreso, el socialista Álvaro Cuesta, lo aseguró ayer y lamentó que aquella ley no saliera. "No había consenso", justificó. Cuesta recibió ayer a dos juristas, miembros de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro, que tratan de impedir las inmatriculaciones masivas de la Iglesia. Coincidió con ellos. El diputado se comprometió a trasladar el problema al Ministerio de Justicia, a su grupo parlamentario y al resto de los grupos políticos. Cree que la única posibilidad para derogar los polémicos artículos sería una modificación legal al aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Pero nada garantiza que habrá apoyos suficientes para eso, ni que las elecciones no se adelanten a los presupuestos. Se ignora cuántas inmatriculaciones ha efectuado la Iglesia en toda España: "Sería ilustrativo" saberlo, admitió Cuesta, y se comprometió a trasladarlo a Justicia, aunque ya adelantó posibles "problemas de gestión".

Isabel Urzainqui y Alejandro Torres, los representantes de la plataforma, recordaron ayer que esto es una cuestión "completamente apolítica. Son solo las reglas de juego. Esta ley es inconstitucional y el Parlamento debe ser coherente y modificarla".