La inflación de puertos amenaza el litoral

El exceso de proyectos portuarios está generando una burbuja que da el relevo a la especulación inmobiliaria y que amenaza el litoral español. Lo afirma la organización ecologista Greenpeace, que ha analizado la situación de los puertos españoles en el informe Destrucción a toda costa.

"Muchos están tan próximos que compiten entre sí para acaparar el comercio marítimo, lo que terminará por gestar puertos fantasma que no tendrán barcos en el futuro", señaló Pilar Marcos, responsable de costas de la ONG.

El documento revela que solo cuatro puertos (Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao) concentran más del 70% del tráfico de mercancías. "Esto contradice la alerta de Autoridades Portuarias que lleva anunciando desde 2004 el colapso de estas instalaciones", ha señalado Marcos.

El Plan Estratégico de Infraestructuras prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros. Sin embargo, solo un 38% de este porcentaje se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, según la información que maneja Greenpeace. Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias durante el pasado año, a pesar de que en 2009 el transporte marítimo internacional bajó un 4,5%. También la Unión Europea financia muchos de estos proyectos. Entre 2007 y 2013 va a otorgar 800 millones de euros a Puertos del Estado. "Seguimos invirtiendo dinero público en infraestructuras nocivas que son pan para hoy y hambre para mañana. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni los daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca", declaró Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace. Esta sostiene que una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año, según el informe de Valoración de los activos naturales de España, realizado por el ministerio de Medio Ambiente.

La destrucción costera también afecta a las especies de la zona y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático. Puertos del Estado se defiende de estas acusaciones y remite al Ministerio de Fomento, que mantiene que todos los proyectos de ampliación respetan la normativa vigente.