Selecciona Edición
Selecciona Edición
Tamaño letra

A la segunda va la vencida

Un despliegue policial permite el desahucio de una familia, frenado semanas atrás por los indignados - La juez pidió usar "cuanta fuerza pública" fuese necesaria- El de ayer fue el primer fracaso de los indignados tras frenar ocho desalojos

Se veía venir que no iba a ser un desahucio más. Al menos cincuenta antidisturbios y agentes de la comisaría de Ciudad Lineal pillaron ayer por sorpresa al puñado de activistas que a las 7.30 empezaban a organizarse ante el portal del piso de María José (no quiere facilitar su apellido) y sus dos hijos, de 24 y 25 años, este último con una discapacidad del 77% por un accidente que sufrió en la infancia. El de ayer era el segundo intento de desalojar a esta familia. La nueva orden, que la juez emitió a finales de la semana pasada, no contemplaba un nuevo fracaso. Pedía la intervención de "cuanta fuerza pública" fuese necesaria. Los activistas sabían que habría más policías, pero no que llegarían tantos y tan pronto.

En el primer trimestre del año se ha desahuciado a 2.532 familias

El PP tumba la propuesta de IU para mitigar los efectos de las actuaciones

MÁS INFORMACIÓN

Los policías establecieron un largo perímetro de seguridad cortando la calle de Virgen de Lluc y las adyacentes. Dentro del piso, acompañando a María José y a su hija, estaban dos activistas del 15-M que habían pasado la noche allí y que se encadenaron a la puerta. Un tercero, Chema Ruiz, miembro de Democracia Real Ya y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid (PAH, que está asesorando a esta familia) se les unió a las 6.00. Una vecina se quedó a cargo del hijo discapacitado para ahorrarle el trago.

Los indignados se situaron en los extremos de la calle. Poco podían hacer. Corear protestas y explicar a los vecinos, con un megáfono, lo que pasaba: "Vecinos de Pueblo Nuevo, a una de vuestras vecinas la está echando el banco. ¡Despertad, mañana podéis ser vosotros!".Desde dentro del hogar, Paco, uno de los activistas encadenados, decía: "Resistiré pacíficamente con todo mi corazón".

A las 9.30 llegó la comisión judicial, compuesta de policía municipal, dos representantes del juzgado, un cerrajero y el procurador, que representa al banco, en este caso la Caja de Ahorros del Mediterráneo, propietaria legal del piso desde que se lo adjudicó hace unas semanas en subasta. Rafael Mayoral, abogado de la PAH, no pudo acceder a la vivienda. Horas antes del desalojo presentó en el juzgado de guardia una denuncia por prevaricación contra la juez María Trinidad Cepa, titular del juzgado de primera instancia número 31 de Madrid, ya que "según el artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debería haber notificado el desahucio también a los demás residentes del piso para que pudieran alegar", sostiene.

Los antidisturbios cortaron la cadena que unía la puerta a los activistas y los desalojaron. María José y su hija, visiblemente alteradas, se dirigieron a los indignados: "Gracias por venir. No soy una morosa, lo que soy es pobre". A sus espaldas, dos camiones de mudanzas se iban llenando de sus cosas.

Tras este fracaso, el primero tras los ocho desahucios que se han frenado en Madrid (tres de ellos convocados por la PAH), los activistas llenaron la sucursal de la CAM de pegatinas ("Que se sepa: este banco estafa y echa a la gente de su casa"), y de ahí se fueron a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal a pedir una vivienda para esta familia.

Izquierda Unida llevó ayer al pleno municipal una proposición con medidas para mitigar los efectos de los 25 desahucios que, según sus cuentas, se producen cada día de media en Madrid. Uno de los puntos, acordados junto a UPyD, insta al Gobierno a emprender una reforma urgente para posibilitar la dación en pago. El PSM se abstuvo, no por disentir, según explicó el concejal Pedro Zerolo, sino porque está siendo discutido ya en el Congreso de los Diputados. El PP tumbó con sus votos toda la proposición. La delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, adujo que los recursos municipales son limitados, de forma que "concentrarse en un grupo específico" perjudica a otros que también tienen derecho a una vivienda. Pero se comprometió a evaluar el protocolo de actuación en caso de desahucio para afinarlo si fuera necesario, informa Bruno G. Gallo.

En la Comunidad de Madrid, en el primer trimestre del año se desalojó a 2.532 familias (el triple que en 2008). Según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES), los impagos de hipotecas en los bancos de la región suman 7.300 millones de euros. Se han iniciado, según esta asociación, 43.734 ejecuciones hipotecarias desde 2008.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de julio de 2011