Del Palau a la SGAE

Los inicios del verano están siendo propicios para estas sorpresas. Tuvimos el estallido del caso Palau y ahora el caso SGAE. Muchas similitudes y algunas diferencias.

La primera similitud es de imagen. Ambas entidades son propietarias de un edificio modernista importante. Salvando las distancias, tanto el Palau de la Música como el Palacio de Longoria son dos referentes arquitectónicos en Barcelona y en Madrid y, sobre todo, les confieren un carácter de solidez y de respeto, que ahora se ha puesto en entredicho. En ambos casos, son entidades a medio camino entre lo público y lo privado. No se puede, pues, hablar sencillamente de corrupción política, como en el caso Gürtel, aunque en el primero de los casos ya se han detectado y en el segundo no se pueden descartar este tipo de conexiones. El carácter colectivo de las funciones que realizan una y otra exigía vigilancia y control por parte de las Administraciones. Este control ha fallado y, por tanto, aunque las principales responsabilidades sean de tipo interno, también hay una parte para quienes tenían la función de tutela.

La legislación y las sociedades de gestión están desfasadas. Hay que repensar el modo de explotación y sus instrumentos

Dejando de lado estas y otras similitudes, lo que me interesa destacar son dos grandes diferencias, una que corresponde al pasado y otra, al futuro. El Palau de la Música era, desde hace muchos años, una de las entidades más respetadas de Cataluña, de alguna manera casi un símbolo del espíritu del país. Por ello, el descubrimiento de las conductas corruptas en su seno, además de suponer una gran sorpresa, ha producido una enorme indignación, indignación derivada de pensar que personas o grupos puedan haber utilizado este referente nacional para sus intereses fraudulentos privados. Al contrario, la SGAE no era una sociedad que gozara de esta condición, sino que más bien era objeto de fuertes controversias, aumentadas últimamente por la forma de realizar sus funciones. Se podría decir que, por ello, la sorpresa ha sido menor y la indignación, de otro tipo. Lo que ha pasado en el Palau parecía imposible, lo de la SGAE era más previsible, pero ambas han ocurrido, una lección que hemos de aprender todos.

La segunda diferencia, y la más importante, es que el tratamiento de las dos crisis debe ser totalmente distinto. En el caso del Palau, una vez identificados, juzgados y castigados finalmente todos los corruptos, y una vez modificados los mecanismos de gestión y de control, las funciones del Palau deben seguir siendo las mismas y no solo se deben mantener, sino que se deben potenciar. Una de las prioridades ahora debe ser preservar hacia el futuro el espíritu y la forma de la labor que ha hecho en las últimas décadas.

No ocurre lo mismo con la SGAE. Además de juicios y castigos, en este caso hay que replantear su naturaleza, su razón de ser y su forma de actuar. Esta necesidad existía independientemente de que existiera esta crisis, ya que obedece a la exigencia de adaptarse a los cambios provocados por la explosión digital en la red. Muchas de las controversias que se han generado son consecuencia del retraso en esta adaptación y de la voluntad de mantener métodos y estructuras obsoletas para las nuevas realidades.

El consumo de productos materiales es totalmente distinto del de los bienes inmateriales. Aquellos se destruyen o se deterioran con el uso y tienen generalmente un carácter exclusivo, mientras los segundos permiten un consumo indefinido y colectivo, sin que el uso por parte de uno impida el de otros. Por ello, los conceptos de producción, propiedad, mercado, compraventa, e incluso alquiler, han sido hasta hace poco tiempo adecuados para regular su uso. Este régimen se ha podido prolongar, adaptándolo, para los bienes inmateriales mientras precisaban de un soporte físico (libros, CD, DVD y demás), pero explota totalmente cuando se pueden obtener de la red solo moviendo bits. Los conceptos anteriores se vuelven obsoletos y aparecen los de creación, derecho de uso, derecho de acceso a la red, así como nuevas modalidades de pago para quien se beneficia del uso: gratuidad, financiación pública, pago por consumo, abono, tarifa plana...

En este nuevo contexto, no solo queda desfasada la legislación (todavía se habla de "propiedad intelectual"), sino también las sociedades de gestión, y más todavía la SGAE, que todo parece indicar que ha abusado hasta el fraude de su condición. Hay que pensar de nuevo, tanto el régimen de explotación como sus instrumentos.

Joan Majó es ingeniero y exministro.