Que las corran a gorrazos

En Europa se está librando "una guerra" entre Gobiernos y agencias de descalificación, "los Gobiernos intentan gobernar pero las agencias mandan", denuncia un manifiesto del liberal Guy Verhofstadt y el socialista Giuliano Amato, suscrito por Enrique Barón, Michel Rocard y otros.

La canciller Angela Merkel asegura que no permitirá que esas entidades "nos arrebaten la capacidad de juicio". Su ministro de Hacienda, Wolfgang Schäuble, se inflama: "Hay que acabar con el oligopolio de las agencias". La Comisión Europea se indigna, sospecha y amenaza, ahora también por boca de su presidente Durão Barroso. El Congreso de EE UU dictaminó esta primavera que las agencias (el trío Fitch, S&P, Moody's) fueron en la crisis piezas esenciales de "la maquinaria de destrucción financiera". O sea, cómplices necesarios en el desvalijamiento de la banca de inversión a sus clientes: también a los bancos europeos, y al cabo, a los contribuyentes.

Los Gobiernos deben pasar de lamentar los manejos de las agencias a la acción directa

Los últimos episodios ratifican su conducta paracriminal. Relean Crímenes económicos contra la humanidad, de Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, (EL PAÍS, 29 de marzo). Moody's recalifica al bono portugués de basura, sin que en tres meses haya cambiado algo que lo justifique. Y S&P anuncia que reputará de impago el segundo rescate de Grecia siguiendo solo el teorema de las apariencias de Fitch: "Si parece un impago, lo calificaremos como impago". Esa gente califica a la deuda griega de menos solvente que las de ¡Azerbaiyán, Bangladesh, Burkina Faso o Venezuela!

Es pues hora de que Gobiernos e instituciones pasen del lamento a la acción directa, a correr a gorrazos las prácticas de unas compañías que reconocen sus conductas como "deplorables" pero las premian con altos bonus a sus dirigentes. Que cambian de criterio según sopla el viento, ora serviciales a Lehman Brothers y a Madoff y sus embolados, ora implacables verdugos de los ciudadanos griegos o portugueses. Pueden tomar decisiones. Como estas:

- El Banco Central Europeo (y otros) está obligado por estatutos a comprar solo bonos calificados como de máxima solvencia por las agencias. Excluyan pues de la lista de calificadores a las tres que forman el oligopolio y que, ante distintos sistemas judiciales, son sospechosas de manipular criterios y alterar el precio de las cosas.

- El Consejo Europeo puede recomendar, a sí mismo y a las empresas públicas y privadas, calificarse por agencias no incursas en el dictamen del Congreso de EE UU y denunciadas a la justicia, al menos hasta que se sustancien los pleitos.

- La CNMV, que hace tiempo denunció la mala información y el falseamiento de las valoraciones (Agencias de rating, hacia una nueva regulación, Ramiro Losada, CNMV, 2009), puede abrir investigaciones concretas e imponer sanciones acordes al reglamento UE 1060/2009. Y su superior orgánico, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, podría asociarse a su homóloga norteamericana, la SEC, en su intento de demandarlas ante los tribunales.

- La Comisión Europea debería seguir el Informe de la Eurocámara 2010/2032 (INI) redactado por el liberal Wolf Klinz, que le recomienda impulsar la creación de una fundación europea para la calificación "completamente independiente" y de base privada. Y explorar la apertura de un expediente por la explotación abusiva de una posición dominante, práctica contraria a la competencia que no se limita a los ejemplos citados en el artículo 102 del Tratado.

Y aún queda la descalificación social a los descalificadores. La calle. Volveremos.