Ningún ente público fiscaliza las cuentas de la SGAE

No solo las cuentas de la SGAE están en entredicho. El problema añadido es que ningún organismo público, ni estatal ni autonómico, las fiscaliza desde hace 12 años. La razón en que se amparan los distintos entes para esa dejación es una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 1997, que atribuyó las competencias de fiscalización de las entidades de gestión de derechos, entre las que se encuentra la SGAE, a las comunidades autónomas.

El Ministerio de Cultura se agarra a ese fallo para eximirse de cualquier responsabilidad sobre el control de los balances de la SGAE que, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, en su redacción actual, le correspondería. En efecto, el artículo 159 de esa ley establece que "el Ministerio de Cultura podrá exigir a las entidades de gestión cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos".

Pero fue precisamente ese artículo el recurrido tanto por Cataluña como por el País Vasco. Y pese a que el Constitucional les dio la razón, atribuyendo las competencias a las autonomías, nadie se preocupó desde entonces de modificar la redacción del artículo, pese a los sucesivos cambios que ha sufrido esta ley (el último en marzo pasado) desde su promulgación en 1996.

Potestad de disolución

El PP discrepa de la interpretación de Cultura y entiende que, aunque los registros de las entidades hayan sido transferidos, el control de las actividades de la SGAE le sigue correspondiendo a Cultura.

Para enredar más la madeja, Cultura mantiene la potestad de retirar la autorización a cualquier entidad de gestión así que, con la ley en la mano, podría ordenar la disolución de la SGAE si no le convence su actuación.

Aunque desde 1998 los balances de la SGAE no sean fiscalizados, la Agencia de Evaluación de Calidad (Aeval), dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, ha emitido informes de la actividad de las entidades de gestión de los ejercicios 2007 y 2008. En los mismos, se criticaba el "oligopolio" de las entidades y se llamaba la atención de aspectos como la escasa transparencia de los criterios de reparto de derechos entre los socios o el destino de los derechos "huérfanos" que nadie reclama, pero salvaba en líneas generales la gestión.

Tampoco encontró salvedades KPMG, el auditor privado de las cuentas de la SGAE en su informe de las cuentas de 2010.