Una Constitución que nos afecta

No es solo por la proximidad, por las ventajas de tener como vecino inmediato a un país con instituciones acordes a las aspiraciones de sus ciudadanos, por lo que España está interesada en el referéndum constitucional del próximo 1 de julio en Marruecos. Lo está además por el artículo 30 del proyecto constitucional. Porque al permitir el voto de los extranjeros en las elecciones municipales marroquíes, está abriendo la puerta a la reciprocidad que establece el artículo 13.2 de nuestra Carta Magna y está permitiendo el voto a más de medio millón de marroquíes en nuestras elecciones locales, toda una fuerza electoral. ¿Podría ser el aleteo de mariposa en el sur lo que provoca un tornado unos kilómetros al norte? Bueno, no exageremos con eso del "tornado", aunque sí tal vez podamos hablar de unos fuertes vientos racheados.

El rey pierde el carácter "sagrado" y se proclama la igualdad de géneros, la tolerancia y la apertura

La identidad marroquí incluye a árabes, hebreos, bereberes, africanos, saharauis y andalusíes

La incorporación del electorado marroquí, sobre todo en algunas ciudades de Cataluña, podría tener algunas consecuencias de cierta trascendencia.

La primera y más evidente es que reconoce el derecho de voto al grupo de inmigrantes extranjeros que más tiempo lleva en España, junto con argentinos, uruguayos o chilenos. Y el más numeroso de los ciudadanos no comunitarios, con 808.633 personas. El derecho a votar de este inmenso colectivo es la justa consecuencia de su larga historia de inmigrantes en España. A ellos España debe toneladas de frutas recogidas, miles de kilómetros de carreteras asfaltadas, cientos de miles de metros cuadrados de jardín regados, millones de euros generados y aportados a las arcas públicas.

La segunda consecuencia, y menos evidente, es que de haberse aprobado esta constitución meses antes, hubiera podido cambiar el signo de no pocos municipios en las pasadas elecciones del 22 de mayo. En L'Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, donde viven 5.621 marroquíes, el PSC podría haber captado unos 2.000 votantes, lo que hubiera podido procurarle la mayoría absoluta, asumiendo que votaran la mitad.

La tercera consecuencia, y esperanzadora, es que la balanza se equilibra algo. Hasta ahora, el discurso antimarroquí, la explotación del recelo hacia los colectivos arabo-musulmanes y especialmente los magrebíes, resultaba gratis para sus voceros (del PP o de PXC o de CiU): no había contrapeso porque el marroquí era solo objeto del debate. Pero ser elector lo convierte en sujeto del debate sobre la "cuestión extranjera", que tantos dolores de cabeza parece causar en nuestro país. Es cierto que el eventual voto de los marroquíes en Badalona, por ejemplo, hubiera podido duplicar los votos de Plataforma por Catalunya. Pero a partir de ahora esta nueva componente del electorado obligará a las corporaciones a tener en cuenta sus demandas, tantas veces ignoradas porque carecían de peso electoral. Y les obligará a mantener un sofisticado -y sensato- equilibrio entre lo que dicen al local y lo que dicen al extranjero.

El cambio de la Constitución en Marruecos es sin duda una buena noticia para los marroquíes en España. Y, en buena medida, un dato clave para el futuro electoral en España, en la medida en que ese medio millón al menos de votos será capitalizado por acción o por reacción por los diferentes partidos, que a partir de ahora tendrán que hacer promesas también para ellos.

¿Se trata también, la proclamación de la nueva Constitución, de una buena noticia para los marroquíes en Marruecos? Deberemos esperar a los resultados del referéndum del próximo viernes 1 de julio para pronunciarnos sobre ello. Es un poco retórico decir esto, pues ya hemos visto que los defensores del sistema han reaccionado con euforia dispuestos a hacer frente a los opositores, como ocurrió en Rabat el domingo 19 de junio, lo que recuerda los tiempos de Basri y Hassan II en que los referéndos se convertían en plebiscitos en los que se imponía lograr la casi unanimidad. Son otros tiempos, sin duda, y Mohamed VI sabe que un resultado parecido restaría credibilidad a todo un proceso que ha gozado del respaldo de las principales cancillerías. Sarkozy, Clinton y las autoridades de Reino Unido, España y Bélgica se han apresurado a saludar las reformas introducidas en el texto, adelantándose a que el pueblo marroquí se pronuncie. Quizás hubiese sido más correcto esperar al voto para no parecer que con su "sí" a las reformas han decidido de antemano lo que le conviene al pueblo marroquí.

Marruecos se define en esta sexta Constitución como Estado musulmán soberano cuya unidad está forjada por la convergencia de sus componentes arabo-islámicos, amazig (convertida ahora en lengua cooficial) y saharo-hassaní, enriquecido por sus afluentes africano, andalusí, hebraico y mediterráneo. Guiño, sin duda, hacia los bereberes que consiguen cooficializar su lengua y hacia los saharauis que se ven reconocidos como parte del patrimonio cultural plural del país.

El texto ha crecido de 108 artículos a 180, y en ello hay retórica (constitucionalización de unas 15 comisiones consultivas, preexistentes o de nueva creación), pero también declaraciones de principios que insisten en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en la tolerancia, moderación y apertura al exterior del país, incluyendo recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación, nunca tenidas en cuenta, como la primacía sobre el derecho interno del país de la legislación internacional suscrita por Marruecos o la condena de la tortura. Filosofía loable, pero que tendrá que hacerse realidad.

La reivindicación de los jóvenes del 20 de Febrero de una monarquía parlamentaria, en la que el rey reine pero no gobierne, se ha quedado a mitad de camino. El núcleo duro de la Constitución permanece casi intacto. Porque el rey, aunque pierde el carácter "sagrado", sigue siendo eje central de todo el texto. Emir de los creyentes, máxima autoridad religiosa que preside el Consejo Superior de los Ulemas, es presidente además del Consejo de Ministros, del Consejo Superior de Seguridad y del Consejo Superior del Poder Judicial, y es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Reales. Cierto que la figura del jefe de Gobierno queda algo reforzada, al poder delegar en él la presidencia del Consejo de Ministros -aunque con instrucciones-, disponiendo de mayor autonomía al ampliarse las atribuciones del Consejo de Gobierno, institución que preside y puede enviar leyes al Parlamento y nombrar altos funcionarios. La práctica permitirá vislumbrar si este desglose del Ejecutivo consolidará a un jefe de Gobierno con control casi efectivo de la vida política o servirá solo para facilitar las prolongadas ausencias del soberano.

La regionalización sirvió de pretexto a Mohamed VI para no aparentar que sus promesas del 9 de marzo obedecían a presiones del Movimiento del 20 de Febrero. Aprovechó los cambios a introducir en la Constitución para hacer una revisión completa. En el nuevo texto hay todo un extenso Título IX dedicado a las regiones, en el que, si bien establece que dispondrán de Consejos elegidos democráticamente, atribuye amplios poderes a las figuras de los walis regionales, que reducirán sensiblemente el poder de los presidentes de región, impidiendo la aspiración a una autonomía efectiva de ciertas regiones. Una puerta demasiado cerrada para permitir una salida al problema del Sáhara. La prohibición expresa de los partidos regionales -así como otros de corte étnico o religioso- lo dificulta aún más.

Marruecos está hipotecado por la falta de salida en la cuestión sahariana. La Constitución brindaba la oportunidad de imprimir algunos gestos que entreabrieran alguna puerta. Cierto que la componente saharo-hassaní es reconocida en el preámbulo constitucional como básica del Estado marroquí, y que el artículo 5 considera la lengua hassanía como "parte integrante de la identidad cultural marroquí". Pero más que estas expresiones de reconocimiento -que algunos pueden leer como provocaciones-, la verdadera puerta abierta para ofrecer una salida a ese problema hubiera sido consagrar en el texto las garantías de un verdadero Estado de derecho, con una efectiva separación de poderes, abandonando para siempre la tutela que la figura real ejerce sobre todas las instituciones del país. Parece que habrá que esperar al siguiente round.

Bernabé López García es catedrático de Historia Contemporánea del Islam en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Averroes. Carlos Celaya es consultor y autor del blog "Votos Inmigrantes" (votosinmigrantes.blogspot.com).