Para salvar el euro

La indecisión europea y el agudo enfrentamiento entre Alemania, por una parte, y el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, por otra, están poniendo en peligro la estabilidad financiera de la eurozona y, como un efecto secundario grave, la solvencia de otros países europeos, como es el caso de España, que se enfrentan a un nuevo episodio de crisis de deuda.

Los inversores viven en una situación de extremo nerviosismo. Las Bolsas continentales estaban ayer en números rojos mientras la prima de riesgo española llegó a rebasar los 280 puntos básicos, aunque luego retrocediera hasta justo por debajo de esa marca. Un nivel, en cualquier caso, que una economía no puede aguantar a medio plazo si quiere tener expectativas de recuperación y salvaguardar la credibilidad de sus finanzas públicas.

Hoy, no solo para España, sino para los inversores y las instituciones políticas europeas, al borde del caos, casi todo el problema se resume en un nombre: Grecia.

Frente a la grave situación de una economía del euro situada al borde del impago, cuya deuda no puede ser reestructurada (es decir, sometida a quitas obligadas) y cuya única opción de rescate es la inyección de más ayudas, las instituciones europeas ofrecen una disputa visceral sobre el modo del rescate y, de nuevo, una tendencia preocupante a olvidarse de los problemas que provoca cualquier retraso en la toma de decisiones urgentes. La política interna se desangra en una protesta continua contra los recortes sociales y ni siquiera el nuevo Gobierno que intenta formar Yorgos Papandreu conseguirá sofocar el incendio social. En primer lugar, porque hay una sublevación en su partido, el PASOK y, después, porque la oposición y una parte importante de la ciudadanía reclaman su dimisión.

Los mercados asisten atónitos al enfrentamiento entre instituciones europeas. Los daños colaterales de su incapacidad para articular soluciones rápidas a las crisis de supervivencia van desde el crecimiento exponencial de las dudas sobre las posibilidades de éxito en los rescates de Portugal e Irlanda, hasta el encarecimiento de la financiación de las economías periféricas (incluida la española) e, incluso, la hipótesis de que el presidente del Gobierno español se vea obligado a convocar elecciones debido a un empeoramiento sin precedentes de la prima de riesgo española. El riesgo existe. La continuidad del Gobierno pende de un hilo muy delgado: la estabilidad parlamentaria hasta final de legislatura, imprescindible para aprobar unos Presupuestos que deberán contraer más el gasto, en cifras que pueden ir más allá de la línea de lo soportable. A su vez, esa estabilidad parlamentaria depende de la calma de los mercados. Ningún partido respaldará al Gobierno con un diferencial de deuda desbocado. España puede encontrarse en julio con una situación endiablada, con elecciones anticipadas impuestas por la crisis financiera y con la urgencia de aprobar un Presupuesto dolorosamente restrictivo, si no se resuelve con rapidez el cataclismo griego.

Tampoco hay que ocultar que, además del problema griego, sobre la deuda española pesan otras causas de inestabilidad. La deuda de las comunidades autónomas y Ayuntamientos inquieta a los acreedores del Reino de España debido a la suposición de que es más elevada de lo que se reconoce oficialmente y la sospecha de que acabará siendo subsumida en la deuda del Estado. Es muy probable que el exceso de la deuda periférica no sea una amenaza para la solvencia española; pero en cualquier caso tiene que conocerse y explicarse. Se ha repetido hasta la saciedad, pero es necesario insistir en ello: el Gobierno y la oposición tienen que acordar el cumplimiento estricto de las obligaciones de déficit de las comunidades autónomas. Es el modo más sencillo de convencer a los inversores.

El otro factor que condiciona la solvencia española es la reforma del sistema financiero. La recapitalización de las cajas de ahorro se está postergando demasiado. Aunque el plazo para concluir esa recapitalización termina en septiembre, existen temores de que al final de ese proceso (que tropieza con la sequía de capitales en los mercados) sea necesario proceder a nuevas fusiones. Todavía las empresas solventes españolas carecen de crédito normalizado. Sin un flujo de préstamos suficiente para afrontar nuevos proyectos, la recuperación económica puede retrasarse hasta 2015.

Los próximos días son cruciales. Francia, Alemania, el BCE y la Comisión están obligados a pactar una solución rápida para Grecia. No caben nuevas dilaciones ni reticencias. La supervivencia del euro depende en gran parte de ese acuerdo.