Amenaza de recaída

El informe anual del Banco de España insiste machaconamente en las exigencias de ajuste presupuestario que debe cumplir el Gobierno para alejar el riesgo de nuevos episodios de castigo de los mercados. El análisis de la institución es básicamente correcto. Parece necesario imponer un techo de gasto a las comunidades autónomas, mantener los objetivos de reducción del déficit, aplicar nuevos ajustes si se aprecia alguna desviación significativa en las cuentas públicas y si fuese necesario subir impuestos, hacerlo en los tributos indirectos. El Banco de España se atreve, incluso, con la idea de reducir gastos fiscales, aunque pasa por alto esa fuente importante de ingresos que sería la corrección del fraude fiscal. El banco, a través del discurso leído por su gobernador, defiende ni más ni menos que los compromisos de ajuste fiscal aceptados por el Gobierno ante las autoridades europeas.

Ahora bien, esta sabia opinión elude en esta ocasión los perfiles más duros de la realidad. Pocos inversores pueden dudar ya de que las autoridades económicas mantienen a rajatabla el compromiso de control del gasto; tampoco pueden olvidar que se ha impuesto una reforma del sistema de pensiones (de la que el gobernador se felicita), o que a trancas y barrancas se alumbra una reforma laboral (aunque el Banco de España la considere insatisfactoria) o que prosigue su marcha la reforma del sistema financiero. Y, sin embargo, a pesar de esos compromisos políticos, la prima de riesgo española no desciende. Para un optimista bastará con que no se dispare, pero lo cierto es que para que la economía tenga expectativas de crecimiento (es decir, según el Banco de España, para que se estabilice el coste de la deuda, disminuyan los gastos financieros, los bancos españoles estén en disposición de competir con los alemanes y los consumidores recobren la confianza) es necesario que la prima de riesgo se reduzca.

El problema es que el diferencial se resiste a bajar; y probablemente no lo hará mientras en España esté atascada la reforma de las cajas de ahorros, persistan las dudas sobre el impacto de la deuda autonómica sobre la banca (el PSOE, el PP y CiU son incapaces de despejar esa incógnita) y la reforma laboral esté en el limbo de la indefinición. Y todo esto con la amenaza de un nuevo parón del crecimiento económico del que ya hay indicios (ojalá no se confirmen) en el segundo trimestre.