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Gallardón cita a Aguirre para repartir o eliminar los servicios duplicados

Madrid se plantea recortar parte de sus 891 millones de gastos no obligatorios

Gallardón cita a Aguirre para repartir o eliminar los servicios duplicados

Los impuestos que usted, saleroso o reticente, abona al Ayuntamiento de Madrid, directa (el IBI y la tasa de basuras, por ejemplo) o indirectamente (a través de tasas estatales), permiten que la luz de los semáforos sea roja, verde o amarilla; que haya árboles en los parques y alguien los riegue cada tarde; y que las farolas le alumbren el camino de vuelta a casa. Eso es lo que usted espera de su alcalde, y es lo que este, por ley, debe hacer.

Ahora bien: hay otros servicios municipales que usted da por hecho, pero que el Ayuntamiento no está obligado a proveer. Es el caso, por ejemplo, del servicio de ambulancias del SAMUR; las becas de comedor para 60.000 niños; los centros de mayores; o la ayuda a personas sin hogar. Son aspectos fundamentales de la vida diaria de la ciudad, pero la ley no establece que sean responsabilidad municipal.

El alcalde quiere entablar contactos esta semana con el Gobierno regional

"Las coincidencias las sabemos, es de esperar por tanto un avance rápido"

El Ayuntamiento no plantea líneas rojas, dispuesto a ceder o disminuir gastos

El regidor confía en cerrar el reparto en otoño para elaborar los presupuestos

El Ayuntamiento asumía hasta ahora esos y otros gastos no obligatorios: en parte, para reforzar su papel en la vida del ciudadano; en parte, por el coste en imagen que supondría dejar de hacerlo. Pero ahora, con las arcas tan telarañosas como las del hidalgo del lazarillo de Tormes, que esparcía migas de pan sobre sus ropajes para disfrazar su ayuno obligado, ha decidido que no va más.

El pasado sábado, tras asumir el bastón de mando, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) anunció: "Entablaremos desde la próxima semana los contactos necesarios con la Comunidad de Madrid, al objeto de avanzar de forma rápida y efectiva en la delimitación de los servicios que cada Administración debe prestar y los equipamientos que debe gestionar, evitando duplicidades y costes redundantes".

¿Por qué ahora? Primero, porque el Ayuntamiento no tiene ni un duro. Segundo, porque el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP) también se ve presionado a ahorrar, y por tanto debería verlo con ojos amables. Tercero, porque el líder nacional de ambos, Mariano Rajoy, les conminó a hacerlo hace 12 días: "Trabajaremos para evitar duplicidades y solapamientos competenciales entre las distintas Administraciones públicas".

"Sabemos y conocemos de las coincidencias que existen [entre la Comunidad y el Ayuntamiento], y por lo tanto es de esperar un avance rápido", añadía Gallardón el pasado sábado. Su deseo es que todo esté atado y bien atado para otoño, cuando se deben elaborar los Presupuestos de 2012. Su optimismo tiene dos fundamentos adicionales: que Aguirre prometió algo similar en su programa electoral, y que el pasado día 7 la presidenta regional en funciones llamó a un "gran pacto nacional" para que Ayuntamientos, Autonomías y Gobierno central "tengan claro qué servicios tienen que prestar, quién tiene la obligación de prestarlos y de dónde sale la financiación para ello".

Dibujar esas fronteras puede ser tan difícil como en el salvaje Oeste, porque los servicios van ligados al personal y la financiación necesaria para prestarlos, muy complicados de dividir. En esencia, hay tres tipos de gastos municipales no obligatorios: los que se solapan con los que presta otra Administración (por ejemplo, hay tres agencias de empleo o de alquiler de la vivienda, una estatal, otra regional y otra municipal); los que complementan servicios de otra Administración (por ejemplo, las becas de comedor); y los que, aunque no son redundantes, sí son voluntarios (por ejemplo, los de ámbito cultural). En total, suman 891,6 millones de euros. La partida municipal de gastos corrientes en bienes y servicios asciende a 2.042,5 millones; el presupuesto global en 2011, a 4.542,5 millones (ahí va todo, desde la nómina de los funcionarios a los intereses de la deuda).

El Ayuntamiento acude a la negociación con el Gobierno regional abierto a cualquier propuesta: no hay ningún servicio que se vaya a emperrar en gestionar a toda costa si la Comunidad puede hacerlo en su lugar de una forma más operativa, al solaparse con otro que ya preste en la actualidad.

Así, a priori, no hay líneas rojas irrenunciables. Eso sí, una vez delimitadas las competencias, deberán acompañarse con los medios correspondientes (esto es, dinero y personal).

Llegado el caso, el Gobierno municipal también está dispuesto a eliminar parte de esos servicios no obligatorios si no hay acuerdo con el Gobierno regional, siempre y cuando quede cubierto por los que ya presta la Comunidad, siendo el papel del Ayuntamiento servir solo como complemento.

Cuestión aparte supone el gasto en seguridad, una partida que se refiere fundamentalmente a las labores de la Policía Municipal complementarias a las obligatorias por ley, es decir, las que cubren las carencias de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (por ejemplo, en el ámbito judicial). Esa negociación, claro, no dependería del Gobierno regional, sino de una negociación "más complicada" sobre financiación local.

El resto (bibliotecas, centros de día, residencias de mayores, etcétera) queda al albur de la negociación económica y la voluntad política. "No debería ser difícil", concluye el Ayuntamiento.

30 millones autonómicos

El Ayuntamiento de Madrid recibe 1.161 millones en transferencias del Estado, a los que se suman ingresos por impuestos directos (por ejemplo, con el IBI recauda 1.064 millones) o indirectos (del IVA saca casi 51 millones). De la Comunidad de Madrid, para financiar los gastos considerados impropios (que solventa el Ayuntamiento sin ser de su responsabilidad) solo obtiene 30 millones.

De esa cantidad, 5,8 millones se dirigen a programas sociales: 340.000 euros para personas sin hogar; 2,5 millones para adicciones; 531.000 euros para igualdad de género y violencia de género; y 2,5 millones para inmigración.

Otros 7,2 millones son de gasto en educación: 2,6 millones para la creación y mantenimiento de plazas de 0 a 3 años; 413.000 para actividades extraescolares; 3,2 millones, para la extensión de los servicios educativos; 797.000 para escuelas de música; y 143.000 para educación de adultos.

Los 17 millones restantes sufragan gastos relacionados con la creación de empleo: 1,8 millones para formación profesional; 689.000 para orientación; y 3,9 millones para talleres, por ejemplo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 14 de junio de 2011

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