Gallardón ofrece a Lissavetzky discutir las competencias una vez negociadas con Aguirre
El Gobierno local rechaza en el pleno crear una comisión específica y cita al portavoz socialista a tratar la materia en la de Hacienda
Las negociaciones del Ayuntamiento de Madrid con el Gobierno regional para eliminar posibles duplicidades en la prestación de servicios públicos han sacado de quicio al portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky, que critica "su opacidad" y que se lleven a cabo sin la participación de la oposición municipal, "marginada" en su opinión y obligada a enterarse "por la prensa". Por ello, hoy ha instado de nuevo al Gobierno local, y de nuevo sin éxito (pese al apoyo de IU y UPyD), a crear una comisión municipal para delimitar las competencias del Ayuntamiento y concretar cuáles podrían ser transferidas a la Comunidad y o aceptadas de ésta. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, le ha respondido que resulta innecesario, pues se daría la paradoja de "crear una comisión de duplicidades duplicada con la comisión de duplicidades de la Asamblea", no solo en la capital sino en los 179 ayuntamientos de la región. Sí se ha comprometido debatir en la comisión de Hacienda y luego en el pleno "el dictamen técnico" de esa mesa bilateral: "Llegaremos a acuerdos, con las propuesta que llevemos, que seguro que serán mejoradas por el PSM".
El pasado martes, poco antes de la comparecencia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ante la comisión sobre duplicidades de la Asamblea regional, Lissavetzky sentenció: "Habrá un antes y un después de este desprecio político. La relación con el equipo de Gobierno local queda rota". Criticado hoy por haber elegido ese momento, ha respondido: "Yo anuncio lo que quiero, como quiero, donde quiero y ante quien yo quiero". Pero también ha matizado: "Cuando hablo de ruptura es que no vamos a poder recorrer juntos un camino que queríamos recorrer juntos".
El portavoz del PP en la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, explicó, también el pasado martes, que las negociaciones bilaterales tienen un carácter técnico y una sola función: facilitar el trabajo político luego a los miembros de la comisión. Por tanto, en su opinión no suponen un "ninguneo" del trabajo parlamentario, como denunció la oposición en la Asamblea.
En su intervención, el alcalde añadió un argumento más, dirigido explícitamente a Lissavetzky (presente como invitado en la sala): "El Ejecutivo pone en marcha medidas que luego son controladas por el Legislativo. La oposición legisla y controla [a través del pleno, donde el PP tiene mayoría absoluta], pero no gobierna".
Hoy, en el pleno municipal, el portavoz socialista, visiblemente encendido, ha respondido a ambos. En su opinión, "el aspecto técnico no puede sustituir al aspecto político", y como muestra ha señalado que el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el encargado de pilotar los trabajos del grupo bilateral, "no es un contable con manguitos".
Respecto a la separación de poderes defendida por el alcalde, el portavoz socialista ha argüido que ésta aún no se aplica completamente en la Administración local, calificando el pleno de "una versión reducida, liliputiense, de un parlamento". Como ejemplo de ello, ha criticado que en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad no sea la delegada, Ana Botella, la que responda sino "sus técnicos" (directores generales, etcétera).
En ese momento ha intervenido la presidenta del pleno, Paz González, para puntualizar una cuestión reglamentaria, lo que ha encendido aún más a Lissavetzky: "Usted dedíquese a lo que se tiene que dedicar, no entre en debate con un portavoz. No vamos a consentir esa actitud". González, que hasta las elecciones municipales de mayo era la titular de la ya desaparecida área de Gobierno de Obras, le ha respondido enojada: "Cuando hacen una interpretación errónea del reglamento, mi obligación es recordárselo".
Le ha respondido luego Juan Bravo, que ha negado que las negociaciones con el Gobierno regional sean "oscurantistas", aduciendo que se habían avanzado en el programa electoral municipal del PP, se solicitaron de manera pública a la Comunidad y se han debatido en cinco ocasiones en el pleno o en comisión. Además, ha puntualizado que a la prensa no se le suministran filtraciones sino la información que pide y a la que tiene derecho para hacer su trabajo.
