PSC, ICV y ERC exigen a Mas que explique su plan de privatizaciones en el Parlament

La oleada de privatizaciones anunciada por el Gobierno catalán para atajar el déficit y calmar de paso a los mercados les huele a chamusquina a los partidos de la oposición. Socialistas, republicanos y ecosocialistas han recibido con estupefacción que el Gobierno haya decidido hacer público mediante una videoconferencia con inversores, y no en el Parlament, un plan tan ambicioso como la privatización de activos por valor de casi 2.000 millones de euros. Todos piden que el Gobierno se explique y aporte detalles sobre qué y cómo va a privatizar.

El proyecto del Ejecutivo de Artur Mas es ingresar 1.850 millones de euros en cuatro años mediante la venta de activos que, según fuentes del Departamento de Economía, todavía están por concretar. El titular del departamento, Andreu Mas-Colell, será el encargado de coordinar el plan. Sí está claro que unos 600 millones podrían obtenerse por la vía de vender inmuebles que ocupa la Administración y que otros 600 llegarían de la venta de participaciones en empresas públicas, y 150 millones se obtendrían vendiendo espacios actualmente desaprovechados.

La oposición tiene motivos para estar preocupada. El Parlament dista de ser el centro de la vida política en Cataluña. El anuncio de privatizaciones llega después de que el Gobierno haya intentado limitar al máximo el debate parlamentario presentando en un único anteproyecto de ley -la llamada ley ómnibus- la reforma de un centenar de leyes y reglamentos actualmente en vigor. "Ya no nos sorprende nada; parece que este Gobierno, cuando tiene que anunciar algo, prefiere hacerlo ante empresarios o inversiones, nunca en el Parlament", lamenta la portavoz socialista Laia Bonet.Esquerra Republicana está preparando una pregunta al presidente de la Generalitat para exigir explicaciones. También Iniciativa quiere tener garantías de que el plan de privatizaciones se haga con transparencia. "Una cosa es delegar servicios públicos en entidades del tercer sector, otra cosa muy diferente es vender directamente el patrimonio público para que otros hagan negocio con él", dice la diputada ecosocialista Laia Ortiz.

Aunque sin confirmación oficial, las empresas candidatas a la privatización son, entre otras, la que gestiona los túneles de Vallvidrera y del Cadí, así como el Consorcio Ter-Llobregat que abastece de agua el área de Barcelona. También está pendiente de una posible privatización la actividad del Instituto de Diagnóstico por la Imagen, que presta servicios a los hospitales públicos y cuyas dependencias se encuentran en los edificios del Institut Català de la Salut.

El PP será clave para que el Gobierno de CiU pueda sacar adelante estas privatizaciones. Su voto favorable o al menos su abstención a los presupuestos se da ya por seguro. El portavoz popular Enric Millo valoró ayer la predisposición de Convergència i Unió. "Hay un cambio de actitud del Gobierno, que valoramos, pero con esto no basta. Tienen que haber hechos", aseguró Millo en declaraciones a Catalunya Informació. Según Millo, este cambio de actitud pasa, por un lado, porque el Gobierno de CiU "acepta y entienda" que el PP es la tercera fuerza catalana y también un partido de gobierno, objetivo que ha alcanzado tras el 22-M al conquistar alcaldías como Castelldefels y Badalona, tercer municipio catalán en población.

Millo explicitó cuáles son ahora sus exigencias para el presupuesto: la racionalización del sector público catalán y la eliminación del gasto superfluo. Para el PP parece haber quedado atrás la que fue una de sus promesas más repetidas durante la última campaña electoral: no dar apoyo a unos presupuestos que implicaran recortes en la sanidad y aumento de las listas de espera. Las cuentas que ha presentado Mas y que ahora el PP se plantea validar incluyen una rebaja de la actividad de los centros públicos que rondará el 10% y un aumento de las listas de espera de casi el 50%.

Todo esto amenaza la credibilidad del PP incluso ante sus voatantes. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho se presentaba en todos los mitines hace apenas un mes como la principal garantía contra los recortes. "entendemos que los catalanes estén enfadados e indignados con el Gobierno de la Generalitat y los queremos decir que si algún partido hará todo lo que esté en su mano para impedir estos recortes, es el Partido Popular". Sánchez Camacho dijo esto en un acto electoral en Mataró el 13 de mayo después de advertir de que "los presupuestos de CiU para el 2011 pondrán en peligro el estado del bienestar en Cataluña". Las cuenta superarán esta semana su primer escollo en el Parlament gracias al PP.