El fraude de los implantes ilegales

Unos 200 pacientes se hicieron implantar bajo la piel productos ilegales, adquiridos a través de Internet, para combatir su adicción al alcohol o a las drogas. Las investigaciones iniciadas por la policía hace un año se han saldado, por ahora, con la implicación de tres médicos, acusados de un delito contra la salud pública por haber puesto supuestamente en riesgo a sus clientes. Así lo entiende también el juez de Instrucción número 32 de Madrid. Uno de los facultativos considera que "en el peor de los casos, solo habría incurrido en una falta administrativa, ya que los fármacos administrados son legales". "Son sustancias legales para su uso por vía oral; pero no para su implantación en el tejido subcutáneo, porque eso conlleva un riesgo para el enfermo", replica un mando policial.

El disulfiram y la naltrexona pueden administrarse solo por vía oral

Una rusa que vive en Almería importaba "bajo pedido" los medicamentos

La investigación, que se mantiene bajo secreto sumarial, se inició a raíz de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios interpusiera una denuncia. En ella alertaba de que alguien estaba comercializando medicamentos sin la preceptiva autorización en España.

Las sustancias que se ofertaban eran comprimidos para ser implantados en el tejido subcutáneo mediante una operación de cirugía menor. Estaban compuestos por principios activos como el disulfiram o la naltrexona, que se emplean para el tratamiento contra el alcoholismo y la adicción a la heroína, respectivamente. Esos medicamentos entrañaban un riesgo para los pacientes, ya que habían sido fabricados sin control y, además, en España no está autorizado su empleo en forma de implantes.

Una página web ofrecía tales productos y enlazaba con las direcciones de algunos médicos dispuestos a realizar las intervenciones quirúrgicas. Por eso, las pesquisas fueron encomendadas al Grupo Antipiratería de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), que identificó y localizó a la administradora de esa web: la ciudadana rusa Y. S., que carece de titulación clínica y de cualquier tipo de licencia que le autorizase a importar los fármacos de Rusia, EE UU y China sin ningún tipo de control sanitario.

La policía registró la casa de la rusa, domiciliada en Almería, donde encontró 529 unidades de medicinas para uso oral, 16 implantes de sulfiram y 17 implantes de naltrexona. Parte de este material lo tenía guardado en el frigorífico, junto a los alimentos, según fuentes policiales, que añaden que esa mujer también se dedica a la venta de ropa. Ella importaba los medicamentos "bajo pedido" y estaba en contacto con dos médicos de reconocido prestigio que desarrollan su actividad en clínicas privadas. Los policías siguieron esa pista y así pudieron identificar hace unos meses a tres médicos (uno que ejerce en Madrid, otro en Málaga y otro en Asturias).

El médico malagueño R. C, experto en psiquiatría y en el tratamiento de adicciones, organizó hace cinco años viajes de británicos a España, a los que supuestamente implantaba los fármacos durante un fin de semana. Él mismo se encargaba de organizar los vuelos, recoger a los pacientes en el aeropuerto y someterlos al tratamiento (la inserción de los comprimidos con una jeringuilla). La clínica en la que realizaba las operaciones estaba al margen del asunto, ya que se limitaba a ceder sus quirófanos. El médico negó a EL PAÍS tener relación con el caso: "No sé de qué me hablan", dijo.

La Brigada de Investigación Tecnológica detuvo también a C. S., cirujano general y del aparato digestivo, que, según fuentes policiales, es sospechoso de haber realizado implantes en sanatorios privados de Madrid. El nombre de este facultativo figuraba presuntamente en la página creada en Internet por la rusa Y. S.

La policía también tomó declaración a otro médico asturiano, J. C., psiquiatra y especializado en tratamiento del alcoholismo y la drogadicción. "Nunca puso implantes comprados a esa ciudadana rusa de Almería", asegura una persona de su entorno. En efecto, este doctor no compraba medicamentos a esa mujer, pero la policía sostiene que un paciente ha admitido que adquirió los fármacos a la rusa y a continuación contrató los servicios del médico asturiano para que se los colocara en el tejido subcutáneo en su clínica particular. J. C. solamente admite que hasta hace cinco años colocaba implantes de naltrexona comprados por sus pacientes en Reino Unido, pero que desde entonces no ha vuelto a hacerlo.

Según fuentes de la investigación, los médicos investigados pidieron tiempo atrás permiso a las autoridades sanitarias para importar estas sustancias, pero "les fue denegado". El psiquiatra asturiano afirma que "nunca recibió contestación" a su solicitud.

Por su parte, los pacientes interrogados por la Brigada de Investigación Tecnológica han manifestado que creían que los implantes eran legales y que los médicos que los practicaban estaban autorizados para ello. Los fármacos decomisados se distribuían en dosis con efectos para tres meses, seis meses o un año. Su coste oscilaba entre los 300 euros y los 1.500 euros. Los cirujanos que realizaban la intervención cobraban entre 3.000 y 6.000 euros.

Los tres facultativos se hallan en libertad y continúan ejerciendo en tanto prosigue la larga instrucción judicial. Según medios de la investigación, el juez encargado del caso está convencido de que pudieran haber incurrido en delito, y no solo en una mera irregularidad administrativa. Se basa en los sucesivos informes periciales solicitados a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Farmacéuticos.

La Brigada de Investigación Tecnológica afirma que la compraventa de medicamentos a través de la Red se está incrementando, sobre todo de adelgazantes, antidepresivos, antibióticos y Viagra, que solo pueden adquirirse por prescripción facultativa. La mayoría de esos fármacos son falsos o elaborados sin control.