Verdes por convicción y economía

La ciudadanía y las instituciones van a tener que adaptarse a un cambio de mentalidad. El proyecto de ley contra el cambio climático, pionero en España y pendiente de pasar el trámite final antes de su aprobación, el parlamentario, va a suponer mayores esfuerzos en materia medioambiental, lo que deja la puerta abierta a cambios sustanciales para incentivar los hábitos sostenibles.

Los ciudadanos se verán involucrados por tres motivos. El primero, por sensibilidad hacia el problema del cambio climático. El segundo, porque todos los programas que llegarán a ellos desde las distintas instituciones llevarán consigo medidas para evitar emisiones de CO2. La novedad estriba en que no solo serán las áreas de medio ambiente las que lo pongan en marcha, sino también otras, como la educación o la sanidad.

Vivienda prepara ayudas para facilitar el aislamiento de los hogares

La tercera razón es la económica. Dar la espalda a lo verde ha empezado a ser poco rentable y, dentro de unos años, podrá ser incluso ruinoso. No solo para las empresas de algunos sectores, los agentes más contaminantes, que tienen que mercadear con derechos de emisión de gases para cumplir con las normativas. Los ciudadanos de a pie, que verán cómo los combustibles fósiles se encarecen más, obtendrán menos beneficios y ayudas de las administraciones si no favorecen las prácticas medioambientalmente sostenibles. La ley abre la puerta a que, por ejemplo, las Diputaciones graven más a los hogares que no incluyan medidas para evitar emisiones de CO2. Así lo explica Francisco Olarreaga, director de Planificación Ambiental del Gobierno vasco, que matiza que la ley pide a las instituciones que tengan en cuenta el impacto de medidas de este tipo en las personas con menos recursos.

Olarreaga pone el acento en los denominados presupuestos de carbono, que condicionarán todas las actuaciones de las instituciones cuando se apruebe la ley. Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno vasco se repartirán las emisiones de CO2 que Euskadi puede emitir. La letra pequeña de estos nuevos retos se plasmará en el plan contra el cambio climático que se redactará cuando se apruebe la ley. Para ello tendrán que poner en marcha medidas para reducir las emisiones de gases.

Las medidas que más directamente afectarán al ciudadano a medio plazo son las vinculadas a los hogares y la energía. Las casas que se edifiquen a partir de 2018 y todas las que se rehabiliten deberán incluir medidas para reducir a cero las emisiones de gases. Realizar los cambios puede resultar costoso, pero las administraciones preparan ayudas para impulsarlos. El Departamento de Vivienda, por ejemplo, está preparando ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios por medio de ayudas para mejorar la envolvente térmica. Se calcula que casi dos de cada tres viviendas vascas necesitan reformas como esta. La ley vasca aprieta las tuercas a las instituciones de la comunidad autónoma y obligará, si no sufre modificaciones, a tomar esta medida en sus edificios desde 2016.

A largo plazo, los ciudadanos verán cambios en su entorno, en el urbanismo configurado en clave bioclimática, con más parques y con núcleos urbanos menos dispersos para centrar a la población alrededor de lugares con servicios.

Para los más sensibilizados, la ley crea un registro de reducciones voluntarias de gases. Aunque está pensado para empresas pequeñas que no tienen las obligaciones legales de las grandes corporaciones, no cierra las puertas a familias, que también podrían entrar en el registro. Este establecerá mediciones y determinará qué indicadores se deben cumplir para considerarlo verde. También será la vía de acceso a ayudas económicas de las instituciones. Los dos principales puntos que afectarán a las empresas serán el impulso de energías renovables y las condiciones más favorables en los pliegos de condiciones para contratar desde las administraciones a compañías verdes. La ley refuerza un mercado en alza que impulsará la creación de este tipo de empresas.