Ahora llega la reforma prudente

El jueves 26 de mayo el teléfono del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, sonó tres veces consecutivas a mediodía. Le llamaba Cándido Méndez (UGT), Ignacio Fernández Toxo (CC OO) y Juan Rosell (CEOE). Los tres le dijeron lo mismo: el acuerdo para reformar los convenios estaba casi listo, faltaba redactarlo. Le citaron a comer el lunes siguiente y encomendarle la redacción del proyecto de ley sobre la base de su preacuerdo. Pero el lunes todo cambió. El texto que presentó la patronal era inasumible para los sindicatos. El pacto era imposible. Y los líderes de los agentes sociales cogieron de nuevo el teléfono para llamar a Gómez. Anularon la cita. Implícitamente le pasaban la patata caliente de sacar adelante una reforma de los convenios sin acuerdo.

Trabajo dará prioridad a los convenios colectivos de las empresas

El encargo es envenenado. El Gobierno quiere elaborar una reforma "prudente y equilibrada", explican en el Ministerio de Trabajo. Tendrá que evitar lesionar los derechos de los trabajadores más de lo que lo ha hecho hasta ahora con la reforma laboral, que acabó en huelga general, y en la de pensiones. El PSOE no se puede permitir soliviantar otra vez a su electorado tras la debacle electoral del 22 de mayo. Y mucho menos las "movilizaciones", de las que advertía ayer Toxo, si la reforma enfada a los sindicatos.

Pero al mismo tiempo, el texto legal que aprobará el Consejo de Ministros del próximo viernes buscará satisfacer a unos mercados sedientos de recortes y reformas, a los empresarios, a Bruselas, al Banco de España y al mismo Ministerio de Economía. Para lograrlo, Trabajo quiere recoger los restos del principio de acuerdo del 26 de mayo. "Vamos a utilizar todos los pactos alcanzados", ha comentado el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, el más interesado en que la reforma contente a todos, o al menos no los enfade mucho.

No hay otro remedio. La historia narra que una reforma de convenios sin pacto entre quienes tienen que aplicarla, fracasa a la larga. "Las reformas sin acuerdo no son eficaces", recuerda Méndez. Pasó en 1994. El último Gobierno de Felipe González impuso cambios sustanciales en la norma de la negociación colectiva. Hubo huelga general. Y no llegaron a los convenios hasta que en 1997, el primer Ejecutivo de José María Aznar firmó la paz social. En Trabajo lo saben. La secretaria de Estado, Mari Luz Rodríguez, doctora en Derecho Laboral y gran experta en negociación colectiva, lo tiene presente. Recoger los restos del naufragio es la vía que ha escogido el Ministerio para para que sindicatos y empresarios lleven la ley a las mesas de negociación. "Hay elementos que son muy aprovechables", recomendó ayer Toxo.

Entre esos elementos está el impulso de la mediación y arbitraje como instrumento principal para la solución de los conflictos laborales, tanto en lo referente a la vigencia y renovación de los convenios como a las medidas de flexibilidad interna.

En el primer caso, la intención del departamento de Gómez es fijar plazos máximos de negociación para renovar los convenios, que una vez consumidos sin pacto desemboquen en mediación y arbitraje. La inconstitucionalidad de los arbitrajes obligatorios en materia laboral obligará a Trabajo a buscar la fórmula para estimular el uso de este instrumento sin llegar a la imposición. Se trata de "agilizar y dinamizar la negociación de los convenios, solucionando los bloqueos, evitando situaciones no deseadas de ultraactividad [prórroga automática e ilimitada] de los convenios", explica el Ministerio. No obstante, no está entre las intenciones de Trabajo eliminar esta prórroga si no hay arbitraje, como pretendía la patronal.

Gómez también quiere que mediadores y árbitros agilicen los conflictos que surjan en flexibilidad interna, siempre que no haya sido posible el pacto en las comisiones paritarias. Con esta solución, se busca que la modificación de las condiciones sustanciales (jornada, horarios, traslados, etcétera) no acaben en una decisión unilateral del empresario, otro de los anhelos retomados por CEOE el pasado lunes.

Todo cambio y todo punto de equilibrio tienen algo salomónico. Así que la balanza se inclinará del lado patronal al entrar en los cambios en los cambios de la estructura. Los convenios de empresa tendrán prioridad sobre los sectoriales, explicaba el pasado viernes el Ministerio.

Pero como suele suceder en estos casos, lo probable es que ninguna de las dos partes se dé por satisfecha con el resultado final. La reacción patronal casi está escrita. La reforma será tildada, probablemente, de "insuficiente". No en vano, aunque la base esté en lo hablado hasta el 26 de mayo, fue la patronal con su marcha atrás quien dio al traste con el acuerdo. Rosell no aguantó las presiones internas (de la patronal madrileña o de las grandes empresas del Foro de Competitividad liderado por César Alierta, presidente de Telefónica) contra el pacto que él deseaba y que ponen en entredicho su control de la organización.

Los sindicatos, por su parte, advierten de que si no hay pacto sería mejor no hacer la reforma de la negociación colectiva. "La reforma no nos implica. No estamos concernidos [por ella]", ha respondido Méndez a EL PAÍS.

En todo caso, hay que tener en cuenta que el texto que salga del Consejo de Ministros el viernes tiene que llegar al Parlamente donde el Gobierno está en una situación precaria. Y en ese trámite, los cambios -en favor de las tesis patronales dada la composición de las cámaras- pueden ser sustanciales. "Los proyectos de ley los carga el diablo", sentencia un diputado socialista.