El Gobierno exige a Telefónica que asuma el coste público del ERE

El Ministerio de Trabajo no quiere asumir el doble coste del expediente de regulación de empleo (ERE) con el que Telefónica quiere despedir a 8.500 empleados en cinco años. De una parte, los más de 400 millones que debe abonar el INEM; de otra, el coste social de explicar a los ciudadanos, en plena crisis, que parte de sus impuestos se destinan a costear los despidos de una empresa con fuertes beneficios, como es Telefónica.

Ante esta disyuntiva, el ministro del ramo, Valeriano Gómez, exigió ayer a la mayor empresa española que se haga cargo de ese coste. "El ministerio ha dicho que tratándose de una empresa con beneficios, el ERE se haga sin que suponga coste alguno por las prestaciones por desempleo. Esa es nuestra opinión y la vamos a defender hasta el final", fijó Gómez ante la prensa en el Congreso.

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Y ante la posibilidad de un acuerdo de la compañía y los sindicatos que dificultara a Trabajo rechazar el expediente si tuviera que hacerse cargo de las prestaciones, Gómez advirtió: "El ministerio es la autoridad laboral".

El Gobierno también tendrá que explicar la diferencia de criterio que aplica en el caso de Telefónica respecto a las cajas de ahorro. Estas entidades financieras, que han declarado casi todas beneficios en 2010, han anunciado ajustes para un total de 13.000 empleados, con un coste para el Estado de unos 700 millones de euros por desempleo. Pero el ministro no les ha reclamado en ningún momento esa cantidad. "Estamos en presencia de un sector distinto, con un tamaño de provisiones que condicionan los resultados, que atraviesa dificultades", justifican en Trabajo, y advierten de que el planteamiento con Telefónica es "general para las empresas con beneficios".

Cuando se aplica un ERE, los dos primeros años el trabajador que se acoge al mismo cobra la prestación del desempleo del antiguo INEM (ahora Servicios Públicos de Empleo Estatal). Además, Trabajo tiene que satisfacer a la Seguridad Social la cuota íntegra que paga la empresa (calculada sobre la base de cotización del último mes de empleo) y el 35% de la del cotizante.

En el caso de Telefónica, la mayoría de quienes se acogen a un ERE tienen una larga carrera de cotización y bases máximas (38.760 euros brutos anuales). Si se estima que de media pueden tener un hijo a su cargo, eso supone que perciben una prestación mensual de 1.242,5 euros (29.820 euros en dos años). A esta última cantidad hay que añadir hasta 22.000 euros de cotizaciones (en caso de bases máximas), con lo que resulta un gasto final por trabajador para el antiguo INEM de cerca de 52.000 euros. Así que la cuenta final de los 8.500 despidos podría ascender a 440 millones.

Para evitar estas situaciones, Trabajo introdujo una enmienda en la reforma de las políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios que promuevan ERE que afectan a trabajadores mayores de 50 años compensen a las arcas públicas por el coste de la protección por desempleo. Según el calendario que maneja el Gobierno, esta norma entrará en vigor en julio, a tiempo para que Telefónica tenga que asumir este gasto.

No obstante, es posible que la operadora, que presentó ayer el expediente en la Dirección General de Trabajo, llegue a un acuerdo rápido con los representantes de los trabajadores y pueda sortear la norma. Pero el ministerio confía en que esto no suceda. O, al menos, que los sindicatos exijan a la compañía que se haga cargo del coste por desempleo, apuntan fuentes del Ministerio.

Gómez sigue mostrando la misma beligerancia que hace un mes, cuando la operadora anunció la medida inicialmente prevista para 6.000 trabajadores en tres años. "Desde el Gobierno hemos criticado que un día después de anunciar el ERE se apruebe una gran retribución a sus ejecutivos. No nos parece una buena forma de empezar", señaló ayer el ministro en alusión al plan de incentivos para 1.900 directivos del grupo por un máximo de 450 millones en acciones en cinco años.

Este asunto tan espinoso se ha trasladado a la mesa de negociación. La empresa ha asegurado que pretende sacar adelante el ERE con el consenso de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO. Y estos mantienen posturas muy diferentes sobre el tema.

CC OO considera "imprescindible" que Telefónica asuma el coste del desempleo para firmar un acuerdo, mientras que UGT no se decanta por ninguna solución "siempre que el coste, obviamente, no recaiga sobre el trabajador, ni directa ni indirectamente, empeorando las condiciones de salida", según informaron.

La dirección de Telefónica y los sindicatos tienen un mes para ponerse de acuerdo y remitir el acuerdo final, si lo hay, a Trabajo, que deberá autorizar el ERE. En caso de acuerdo, la potestad del ministerio para tirar abajo el ajuste es mínima con la legislación actual en la mano, por lo que el Gobierno debe buscarse un aliado sindical en la negociación si quiere hacer valer sus tesis. El problema podría no ser tal ya que la voluntad de Telefónica es no plantear batalla al Ejecutivo, aunque aún no se haya pronunciado oficialmente. "Nos han señalado verbalmente su disposición" a asumir el coste, dijo Gómez.

Telefónica de España ganó 2.432 millones en 2010, de los que destinó 2.430 millones a dar un dividendo a su matriz, según las cuentas recién depositadas en el Registro Mercantil. En ellas se dice que el sueldo y la retribución variable de la alta dirección y consejeros ejecutivos de Telefónica de España creció un 33% en 2010 hasta 6,8 millones, pero fuentes de la compañía aseguran que eso se debe a que cambió el número de directivos incluidos en el cómputo y que el aumento real comparable fue del 1,3%.