Diez meses para cerrar cinco pisos turísticos ilegales en el Raval

El pasado 30 de julio, el servicio de inspección del distrito de Ciutat Vella comprobó que los cinco apartamentos de la finca número 26 de la Rambla del Raval funcionaban como pisos turísticos de manera ilegal. Ayer, después de 10 meses de trámite y con una autorización judicial en la mano, los pisos fueron finalmente precintados por la Guardia Urbana. El movimiento vecinal celebra el hecho, pero llama la atención sobre la lentitud de este tipo de procesos. "Estamos sobresaturados de aprtamentos turísticos ilegales en la ciudad", asegura Jordi Giró, de la Federación de Vecinos de Barcelona (FAVB).

"Hay lentitud y falta de contundencia en la Administración para controlar el problema", apunta Giró, además de recordar los graves problemas de convivencia que genera la proliferación de este tipo de hospedaje sin licencia. El precinto de ayer ilustra el problema legal y procedimental en el que se ve envuelto el Ayuntamiento a la hora de cerrarlos. Los tiempos de los vecinos no son los mismos que los de los despachos del Consistorio ni los de los juzgados.

Los juzgados tardaron 120 días en autorizar el precinto

En Barcelona hay 2.238 licencias que pueden ofrecer pisos turísticos

Según una portavoz del Ayuntamiento, el 30 de julio del año pasado los servicios de inspección de Ciutat Vella notificaron a los propietarios de la finca de la orden de cese de actividad. Habían comprobado que no poseían la licencia necesaria. A pesar de ello, los dueños siguieron con su actividad, por lo cual el 5 de octubre el Ayuntamiento tomó la decisión de precintarlos. Los dueños se negaron a la diligencia, de modo que el caso pasó a los juzgados, donde estuvo unos seis meses.

Ayer, con la orden judicial en la mano, tres técnicos y una patrulla de la Guardia Urbana precintaron la finca completa. En el momento de la operación no había nadie hospedado en la propiedad. Todo el proceso para cerrar los pisos tomó unos 10 meses. La misma portavoz del Consistorio aceptó que el proceso de cierre de un piso turístico ilegal suele durar "varios meses", aunque la actitud de los propietarios puede alargarlo, y más cuando hay necesidad de acudir a la vía judicial.

Según los datos del Ayuntamiento, en el último trimestre la presión de los técnicos ha logrado que dejen de operar 37 pisos ilegales en Ciutat Vella. El distrito ha archivado dichos expedientes después de que los servicios de inspección del distrito comprobaran que los pisos turísticos no funcionaban como tales.

En la ciudad de Barcelona hay 2.238 licencias para operar pisos turísticos. Según el Plan de usos de Ciutat Vella, en el distrito hay 474 licencias, lo que equivale a unos 604 apartamentos. Los vecinos, sin embargo, elevan la cantidad de sitios que se dedican a esta actividad, sobre todo ahora que se acerca la temporada estival. La Red Vecinal de Ciutat Vella, en su página web, tiene un "mapa de la corrupción", donde denuncian supuestos pisos turísticos ilegales. Son los mismos vecinos los que recogen la información para completar el mapa. En el caso de la Barceloneta, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de l'Òstia tienen sospecha sobre unos 170. Oficialmente allí hay 63 licencias.

Jordi Giró, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, manifiesta su preocupación por la claridad de la actual norma y, sobre todo, por su futuro. Nada más acceder a su cargo, la directora de Turismo, Marian Muro, que depende del Departamento de Empresa y Ocupación, anunció que quería derogar la ley de pisos turísticos aprobada en las postrimerías de la legislatura del anterior Gobierno tripartito. Muro quiere hacer una nueva y empezar de cero. Las asociaciones de dueños de apartamentos turísticos se mostraron en contra de la norma desde el principio.