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Editorial:

Giro copernicano

El duro ajuste económico ha evitado el contagio de España, pero sin reactivación

Mañana se cumple un año del más drástico giro de política económica de un Gobierno español en la democracia. Tras ignorar la crisis, desconsiderar su gravedad y minimizar la recesión, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero asumió ante la Unión Europea un programa de austeridad y reformas. Lo hizo acuciado por los mercados y sus socios, un clamor basado en los graves desequilibrios que aquejaban -y aquejan aún- a la economía española.

Lo hizo a conciencia de la factura que la nueva orientación, pero sobre todo la tardanza en adoptarla, le pasarían a su futuro político personal. Prometió tomar las medidas de estabilización y reforma, "cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste", como ha sucedido. El balance de la aplicación de ese programa es positivo, si se juzga sin prejuicios. Es decir, en relación con las expectativas con que se trazó y pactó con los otros dirigentes europeos. El giro iniciado en mayo de 2010 ha logrado su objetivo principal, desacoplar a España de los países periféricos del euro que han debido solicitar su rescate por la UE y el FMI.

Ahora bien, ese logro llega envuelto en sombras. Porque no puede afirmarse categóricamente que el descarte del contagio sea definitivo. Porque la aplicación del programa se ha hecho con titubeos, vacilaciones, globos sonda, desmentidos y contradicciones, sobre todo en los primeros seis meses, hasta la remodelación del gabinete en otoño. Y también porque algunas de las reformas han quedado a medio camino de la ambición necesaria, resultando en una reactivación de alcance mínimo.

El programa de austeridad conllevaba medidas muy ásperas también para un gobernante acostumbrado a exhibir gestos sociales, unos acertados, otros excesivos. La reducción del sueldo a los funcionarios y la congelación de las pensiones, que costó una ritual huelga general, junto a otras medidas de adelgazamiento del gasto público y de alza selectiva de impuestos, produjeron el deseado efecto de reducción del déficit presupuestario a los límites comprometidos (9,3% del PIB).

Permanecen las dudas sobre cómo proseguir la senda iniciada y cumplir los objetivos este año, cuando algunas Administraciones, las autonómicas, no lo hicieron siquiera en el pasado. Se carece de una hoja de ruta para controlar y reducir el gasto sanitario y educativo sin desmochar lo esencial del Estado de bienestar. Y también se echó en falta que la eficiencia del aumento impositivo se acompañase de una mayor equidad fiscal.

Entre las reformas estructurales, descolló la del sistema de pensiones, tanto por su contenido, similar al aplicado en otros países del norte de Europa, como porque entrañó un muy positivo pacto social. Pero luego siguió una reforma del mercado laboral que desalentó hasta a sus protagonistas, y sigue en buena parte pendiente. Ni tampoco ha coadyuvado a la contención del desempleo, desbocado por encima del 20% de la población activa, como consecuencia del retraso en la salida de la recesión, que abocó a un crecimiento tan débil y frágil, que es más bien estancamiento. También la reforma financiera fue tardía, aunque su alcance es drástico, al desaparecer buena parte de las cajas de ahorros existentes y modificar la identidad de las supervivientes. Y poco se ha avanzado en la modificación de la pauta o modelo de crecimiento.

Si los avatares reformistas del Gobierno ofrecen claroscuros, la acción del primer partido de la oposición, el PP de Mariano Rajoy, es lamentable: ni ha comparecido, ni ha ofrecido alternativas, ni -salvo en la reforma financiera- ha demostrado voluntad de pacto. Todo ello esperando irresponsablemente que los errores y mediocres resultados del Gobierno le precipiten en volandas al poder.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de mayo de 2011