La Xunta avala en Fisterra viviendas ilegales de promotoras vinculadas al PP

Familiares directos de alcaldes del PP que gobernaban en la Costa da Morte durante los años posteriores al vertido del Prestige supieron ver antes que nadie las oportunidades del ladrillo en un paraje idílico que los medios de comunicación habían expuesto al mundo. Al tiempo que sus parientes amparaban desde las alcaldías un despegue urbanístico sin precedentes en la zona, fundaron promotoras inmobiliarias para edificar urbanizaciones a pie de playa, con las que seducir a veraneantes foráneos.

Seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de declarar ilegales otras tantas promociones inmobiliarias en Fisterra, máximo exponente de la fiebre urbanística en la Costa da Morte donde las edificaciones se incrementaron un 444% después de 2002. Cuatro de las urbanizaciones ilegalizadas que deberían ser derribadas si la Xunta solicitase la ejecución de la sentencia y prosiguiese el pleito iniciado por el bipartito -algo que según anunció ayer el Gobierno gallego no va a hacer- pertenecen a sociedades participadas por sobrinos del entonces regidor de Muxía y ahora portavoz municipal y candidato popular, Alberto Blanco, como Miguel Pose y Manuel Muiño Pose. De esa empresa era socio también cuando se levantaron los edificios, Daniel Domínguez, hijo del por entonces alcalde de Cee, Antonio Domínguez.

Cuatro promociones ilegalizadas son de la misma red de inmobiliarias

Los tribunales aún deben pronunciarse sobre otros 200 pisos en el municipio

Lo que los jueces acaban de determinar es que las fincas donde el regidor del PP de Fisterra, de entonces y de ahora, José Manuel Traba, permitió levantar 168 pisos, carecían de servicios básicos cuando se aprobaron las licencias y que, por tanto, debían haber sido calificadas como suelo urbano no consolidado, y por tanto vedadas a las grúas.

En lugar de seguir esa instrucción, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y después hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudió a los tribunales y los jueces le han dado la razón, cinco años después. Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Muxía y Cee. Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que salió de fusionar la constructora de Ramón Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Muxía y en la que también tenía participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta última firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.

Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. Los tribunales todavía deben pronunciarse sobre otros dos centenares de pisos que el Gobierno de Fisterra autorizó en ese mismo emplazamiento y que también fueron impugnados por la Xunta de Emilio Pérez Touriño. Un tercio de ellos pertenecen a estas dos inmobiliaras vinculadas al PP.

El crecimiento desaforado del ladrillo llevó al regidor de Fisterra a admitir en 2006 que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Traba entonaba entonces el discurso de que las normas subsidiarias -anteriores a 1997, fecha de la modificación de la ley del suelo- se habían quedado obsoletas para responder a la espectacular demanda de suelo que registraba el municipio. Entretanto seguía dando permisos para edificar. Cuando recibió la notificación de la Xunta para que revisase de oficio todas las licencias con la amenaza de que, si no lo hacía, acabarían en los tribunales, el regidor despejó el problema con el argumento de que los técnicos del Gobierno gallego habían realizado mal las mediciones.

Ayer el alcalde, en declaraciones a Radio Nordés de la Cadena SER, redujo el problema a la tardanza en ejecutar el saneamiento que precisan las nuevas promociones. Obvió que seis sentencias certifican que los edificios son ilegales.