Washington dice que los datos no están actualizados

La Casa Blanca condenó ayer "en los más duros términos posibles" la filtración por parte de Wikileaks de una serie de documentos sobre Guantánamo, pero advirtió que las valoraciones que esos papeles recogen sobre los presos no son necesariamente las que en estos momentos existen y aseguró que esta revelación no cambiará la voluntad de Barack Obama de cerrar esa prisión.

El portavoz de la presidencia norteamericana, Jay Carney, señaló en una conferencia de prensa que los archivos filtrados por Wikileaks y publicados por EL PAÍS, entre otros medios, mencionan las conclusiones extraídas por los responsables entre 2001 y 2009, pero no las de la nueva comisión evaluadora nombrada por Obama tras su llegada al poder en enero de 2009.

La revelación no cambiará la voluntad de Barack Obama de cerrar esa prisión

La Administración ha aceptado este año el regreso de los juicios militares

Carney manifestó que ese nuevo equipo juzgó la información obtenida y la valoración de los presos de acuerdo a parámetros diferentes marcados por la Administración entrante y que, por tanto, las conclusiones pueden no ser necesariamente las mismas que se mencionan en los papeles filtrados. Esta declaración respalda una nota oficial hecha pública anteriormente por el Pentágono.

El portavoz de la Casa Blanca criticó en sí mismo el hecho de la filtración, así como la decisión de determinados medios de publicar la información, pero añadió que no espera consecuencias políticas de esta revelación puesto que no se han dado a conocer datos que el Gobierno norteamericano no conociera con antelación.

Esta última iniciativa de Wikileaks fue destacada ayer por los medios norteamericanos que han obtenido los papeles -varios periódicos y la cadena pública de radio, NPR-, pero no tuvo el impacto general que los famosos documentos del Departamento de Estado revelados a finales del año pasado. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca el tema solo fue objeto de una pregunta y no restó protagonismo a otros asuntos estelares de la actualidad, como la crisis en Siria o la situación económica.

A diferencia de los papeles del Departamento de Estado, esta serie de documentos no pone en riesgo las relaciones diplomáticas de Washington con otros países ni pone en evidencia fallos del control de información secreta que no se conocieran ya con anterioridad.

El mayor perjuicio que esta filtración representa para Obama es que vuelve a poner el foco sobre uno de los más claros fracasos de su presidencia: la imposibilidad de cumplir con su promesa de cerrar Guantánamo. No es un asunto de preocupación prioritaria para la opinión pública norteamericana, pero sí daña la imagen del presidente entre los votantes más a la izquierda y ensucia su gestión.

Ese daño no es por culpa del contenido concreto de estos nuevos papeles. Lo más importante que dan a conocer es que, como se presumía, muchos de los detenidos en Guantánamo lo están sin causa suficiente que lo justifique, algo que no representa una novedad para esta Administración, que quiere cerrar esas instalaciones carcelarias precisamente por eso, entre otras razones.

El daño principal para Obama es que, al constatarse en documentos públicos la injusticia de Guantánamo, crece la presión sobre él para que cumpla el compromiso que asumió el primer día de su presidencia.

La dramática realidad es que no puede hacerlo. La negativa del Congreso a aprobar los fondos para el cierre -entre otros obstáculos-, el rechazo de las autoridades estatales a recibir a los detenidos en prisiones de su territorio y la resistencia de los países europeos a aceptar transferencias de un número significativo de presos han hecho imposible proceder a la clausura de Guantánamo hasta ahora. Con toda probabilidad, seguirá abierto en las elecciones de 2012.

Obama pagará en esas elecciones el precio que los votantes consideren oportuno por ese incumplimiento, pero el presidente no llegará a esa fecha sin argumentos para defender que, sin el respaldo suficiente del Congreso y de los Estados, el cierre era imposible. Aún superando ese obstáculo, siempre habría aparecido la dificultad de que tribunales civiles aceptaran procesar a presos que habían sido torturados. Pero ni siquiera a ese punto se ha podido llegar porque Obama no ha podido trasladar a los detenidos a prisiones de EE UU. Resignada a ese hecho, la Administración aceptó este año el regreso de las comisiones militares. Más vale un juicio militar (a algunos) que ninguna clase de juicio fue el cálculo que hizo la Casa Blanca.

La única acusación irrebatible para Obama en este asunto es su falta de voluntad política. La Casa Blanca tiene instrumentos poderosos de presión sobre el Congreso para forzar una decisión a su favor. Esos instrumentos significan, no obstante, un intercambio, una negociación en la que se entrega algo a cambio de algo. A lo largo de estos dos años, Obama prefirió utilizar su capital político en el Congreso para asuntos como la reforma sanitaria, la reforma financiera, la crisis económica o la guerra de Afganistán -todos ellos motivo de grandes batallas en el Capitolio- en lugar de dedicarlo a Guantánamo.

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