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El Tribunal Superior declara ilegales 168 pisos junto al mar en Fisterra

La Xunta debe decidir si solicita ejecutar las sentencias y demoler seis edificios

Corrían los años de la especulación y el dinero rápido siempre asociados al ladrillo. Los tipos de interés bancarios rondaban el 2% mientras las viviendas se encarecían un 17% anual. En semejante contexto, las promotoras inmobiliarias salían de debajo de las piedras y los alcaldes aprovechaban las tasas de las licencias de construcción para hacer caja en ayuntamientos ávidos de ingresos. También en la Costa da Morte, donde la publicidad del paisaje ya la habían hecho radio, prensa y televisión a propósito del Prestige. A los mismos pueblos que sufrieron el chapapote en 2002 llegó el hormigón durante los años siguientes.

Fisterra es un buen ejemplo de aquel esplendor inmobiliario. Allí la construcción aumentó un 444% entre 2004 y 2007 y el propio alcalde, José Manuel Traba, del PP, admitía entonces que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. También reconocía en aquel tiempo el regidor que las vetustas normas subsidiarias -anteriores a 1997 en que se modificó la Lei do Solo- "no estaban preparadas para un crecimiento tan espectacular". Pese a ello, Traba y su equipo de Gobierno siguieron dando licencias para construir y cuando los inspectores urbanísticos de la Xunta les ordenaron revisar de oficio permisos para edificar 400 viviendas junto a las playas de Sardiñeiro y Langosteira, el regidor alegó que los técnicos autónomicos habían "realizado mal las mediciones". No solo no anuló los permisos, sino que permitió a un puñado de constructoras seguir con los pisos que pretendían vender a veraneantes foráneos. Así que el bipartito optó por impugnarlas en los tribunales en 2006 durante el máximo apogeo de la burbuja inmobiliaria.

Los fallos son firmes y dan la razón al bipartito en sus impugnaciones

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anular las primeras licencias que permitieron construir seis edificios y 168 pisos en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de Fisterra, sobre suelos urbanos no consolidados que carecían de los servicios más básicos. Las seis sentencias del Tribunal Superior -contra las que ya no caben recursos- ratifican fallos anteriores de diferentes juzgados de lo Contencioso Administrativo que ya habían anulado esa media docena de licencias. Los fallos afectan a las promotoras L-Tres Inversiones (18 pisos), Poalsa Inmobiliaria, SL (18), Campoalsa (44), e Inversiones Plaza Garden (88). Y citan un argumento jurídico que sirve para todos los casos: el Gobierno de Fisterra debió considerar las fincas -donde después se edificó- como suelo urbano no consolidado puesto que en el momento de concederse las licencias carecían de infraestructuras básicas como el saneamiento. Esa es según la doctrina del Tribunal Supremo la diferencia entre el suelo urbano consolidado -"el que puede adquirir la condición de solar a través de obras de pequeña entidad" y donde se permite construir- y el que no lo es, vetado a las excavadoras.

Los jueces firmantes de las seis sentencias repiten una y otra vez que de nada sirve que con posterioridad a la aprobación de los permisos para construir, el Gobierno local proyectase una estación depuradora de aguas residuales. Según reza en los fallos, esa circunstancia "es irrelevante a efectos de enjuiciar la conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobación no tuvo lugar, según reconoce la parte apelante, hasta el año 2006, y por lo tanto con posterioridad a la concesión de la licencia". Por lo tanto, los edificios son ilegales y ahora corresponde a la Xunta, la que inició el proceso con la interposición de los recursos en los juzgados de lo contencioso-administrativo, pedir la ejecución de la sentencia que abocaría al derribo de esas seis construcciones donde los pisos ya están vendidos. La competencia recae en el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que ante un caso similar en Barreiros optó por firmar un convenio con el municipio y las promotoras para legalizar las viviendas y dotar de servicios a construcciones que carecían de ellos.

Un alcalde bajo sospecha

Los tribunales han deparado otra pésima noticia al regidor popular de Fisterra, José Manuel Traba, en el epílogo de su segundo mandato completo al frente de la corporación de Fisterra. Las seis sentencias que declaran ilegales otras tantas licencias para edificar 168 pisos supondrían la quiebra del Ayuntamiento, si finalmente la Xunta -en coherencia con el pleito que inició el bipartito- pide la ejecución de esos fallos y la piqueta acaba derribando los edificios a pie de playa para restituir la legalidad. Si eso sucediese, las promotoras afectadas siempre podrían alegar que cuentan con el preceptivo permiso municipal y exigir daños y perjuicios por cantidades millonarias al Ayuntamiento.

Es el último problema para un regidor que persiste en repetir como candidato pese a las cuentas pendientes que acumula en los juzgados. El instructor del sumario de la Operación Orquesta, un supuesto caso de corrupción generalizada en la adjudicación de obras en la Costa da Morte, ha dictado para él regidor libertad provisional. Le acusa de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de abril de 2011

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